El Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas pidió cuentas al gobierno de La Habana sobre las presuntas desapariciones de personas tras las protestas del 11 de julio (11J).
Esa instancia de la ONU respondió con la misiva a una denuncia de la ONG Cubanos por la Democracia que tiene la intención manifiesta de que se sancionase a Cuba "por incumplir un acuerdo firmado".
La carta del Comité, con fecha del 18 de enero, insta al régimen a informar antes del 7 de febrero sobre tales señalamientos y solicita el "número de personas cuya presunta desaparición hubiese ocurrido en el contexto de las manifestaciones del 11 de julio de 2021".
Al respecto, requiere datos sobre las "medidas adoptadas" por el gobierno para hallar a los desaparecidos, así como el número de personas localizadas a raíz de estos esfuerzos, señaló la agencia EFE, que accedió al documento íntegro.
También pide el número de quejas presentadas a las autoridades al respecto, las reparaciones otorgadas a las víctimas de cada caso y solicita información sobre las investigaciones relativas a estas presuntas desapariciones denunciadas por la ONG radicada en España.
Reclama al régimen las medidas adoptadas para prevenir las desapariciones, tales como programas de capacitación implementados para "el personal militar o civil encargado de la aplicación de la ley, del personal médico, de los funcionarios y de otras personas que puedan intervenir en la custodia o tratamiento" de los presos sobre el tema de las desapariciones forzadas a fin de evitar hechos similares en el futuro.
Sin embargo, aclara que la solicitud al Gobierno cubano no solo responde a "las alegaciones presentadas" por Cubanos por la Democracia, que señala 187 potenciales desapariciones forzadas a raíz de las protestas antigubernamentales del llamado 11J; sino que también han recibido los mismos reportes de "otras fuentes".
La ONG argumentó que el 13 de diciembre de 2021 remitió una carta a la ONU solicitando al Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) la aplicación del art. 34 de la Convención CED, en la que se afirmaba que "en Cuba es el propio Estado quien desaparece a personas".
Ese artículo 34 advierte que "si el Comité recibe información que indique o confirme que "la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, y tras haber solicitado del Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas".
Las protestas antigubernamentales del 11 de julio en Cuba fueron las mayores registradas en los últimos 60 años en el país, y tras estas el gobierno encarceló a más de 1300 personas, según datos de organismos independientes. De ellos, al menos 600 se enfrentan a juicios sin garantías legales y a peticiones fiscales que van desde 1 a 30 años de privación de libertad.
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