El gobierno estadounidense instó al régimen cubano a mantener su compromiso con la libertad religiosa y a dejar de perseguir a quienes ejercen sus derechos religiosos y su libertad de expresión.
El llamado fue publicado en Twitter por la Embajada de Washington en La Habana, en el Día Internacional de la Libertad Religiosa.
La sede diplomática también compartió el Informe de 2021 sobre Libertades Religiosas, donde denunció la represión del régimen contra líderes de iglesias y congregaciones durante las protestas del 11 de julio de ese año en la isla.
"Las fuerzas de seguridad atacaron a los líderes religiosos en medio de las protestas públicas sin precedentes en todo el país del 11 de julio, y llevaron a la violencia, la detención y el acoso dirigidos por el Estado contra figuras religiosas de múltiples comunidades religiosas", apunta el informe del Departamento de Estado.
Expusieron, además, el caso del sacerdote católico José Castor Álvarez Devesa, a quien las fuerzas paramilitares afiliadas al gobierno golpearon con un bate mientras intentaba ayudar a un manifestante herido durante las manifestaciones del 11J en Camagüey.
En noviembre del pasado año y tras estas muestras de represión, EE.UU. incluyó a Cuba en una "lista de vigilancia" de gobiernos con "graves violaciones de la libertad religiosa" durante 2021.
El pasado 7 de junio una encuesta demostró que el 67% de los cubanos conoce a alguien que ha sido acosado, reprimido, amenazado u obstaculizado en Cuba por motivos relacionados con la religión que profesa.
Además, el 41% opina que los pastores y líderes religiosos han sido objeto especial de represión por motivos relacionados con la fe, según los resultados de una encuesta realizada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), presentado ese mes en el marco de la Cumbre de las Américas.
Un informe de la Comisión de Libertad Religiosa de EE.UU. (USCIRF) también determinó en julio pasado que la Constitución cubana incumple con las garantías necesarias para la libertad religiosa, pues remueve, en comparación con la carta magna anterior, la capacidad de las instituciones religiosas de ser reguladas por ley; y reduce la posibilidad de reformas legales que permitan los derechos de la libertad de religión o creencia.
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