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El cambio de las políticas hacia Cuba anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha provocado un estallido de análisis sobre el nuevo escenario que se abre en las relaciones entre Washington y La Habana.
La rueda de prensa que organizó el dirigente en Miami sirvió para escenificar las "nuevas reglas del juego". En el discurso del magnate se confirmó lo que se venía anunciado desde hacía tiempo extraoficialmente. Es decir, la Casa Blanca pide al gobierno cubano más ajustes: la convocatoria de elecciones libres, la liberación de presos políticos y el respeto a los derechos humanos son las asignaturas pendientes.
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El anticipo que deja Estados Unidos es claro: evitar hacer negocios con las Fuerzas Armadas de Cuba (FAR) y fomentar el comercio con los cuentapropistas. Un mensaje que se dirige más hacia los futuros inquilinos del poder en la isla, máxime si se tiene en cuenta la inminente marcha de Raúl Castro del primer plano político.
Restricciones a los negocios con los militares cubanos
Sin embargo conviene analizar de cerca las peticiones y órdenes que se emiten desde la administración Trump. De salida el Grupo de Administración Empresarial (GAESA) que, aunque controla el 60 por ciento de la economía de la isla, tiene un impacto relativo.
En concreto los militares tienen el control de determinados sectores que se resumen a continuación: el 85% del mercado minorista, el 40% del sector hotelero, la Zona Especial de Desarrollo del Mariel y el 27% de ETECSA. Pero estas cifras solo suponen el 21 por ciento de los ingresos brutos de la mayor de las Antillas.
El resto del aparato estatal controla el 61% (exportación de azúcar, níquel, derivados del petróleo, servicios médicos, ron, tabaco, mariscos, biotecnología, telecomunicaciones, etc.), mientras que el sector privado tiene el 18% de los ingresos.
Tampoco resultará sencillo para el gobierno norteamericano controlar si los turistas optan por alojarse en un hotel de las FAR. Poner en marcha un mecanismo de control por parte de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OTFAC) del Departamento del Tesoro implicaría un desembolso millonario.
La marcha de Raúl Castro
En esta partida de ajedrez diplomática hay un factor clave: la marcha de Raúl Castro al frente de la presidencia del país.
Este cambio podría permitir un aperturismo en la isla y unas reformas económicas más dinámicas. Por el momento en los próximos meses se hará oficial una ley para las pequeñas y medianas empresas, además de comenzar el proceso electoral para elegir a los delegados municipales y provinciales, así como a los candidatos a la Asamblea Nacional.
Todo ello llevará a febrero de 2018, fecha en la que por primera vez en 59 años el máximo dirigente de Cuba no llevará el apellido Castro.
Un texto de Emilio Morales publicado en 'Cafe Fuerte'
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