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El gobierno EE.UU. revisa la actual política que permite conceder permisos de trabajo a ciudadanos extranjeros que residen en su territorio.
Este viernes, la USCIS publicó en su página web "modificaciones adicionales" sobre los diversos programas de las llamadas "Visas de Trabajo" que pudieran afectar de manera directa a los beneficiarios de los permisos de empleo en Estados Unidos.
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Datos publicados por el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración - USCIS- muestran que durante los primeros 10 meses del año fiscal 2017 (octubre de 2016 a julio de 2017) fueron otorgados aproximadamente 160,000 permisos de trabajo.
No obstante, esas cifras podrían variar en 2018. Este viernes, la USCIS publicó en su página web "modificaciones adicionales" sobre los diversos programas de las llamadas "Visas de Trabajo" siguiendo la llamada orden ejecutiva del 18 de abril, firmada por el presidente Donald Trump, conocida como “Compre productos estadounidenses y contrate estadounidenses: colocando a los trabajadores estadounidenses primero”.
Según el texto, "han sido puestos bajo revisión los permisos de trabajo conocidos como visas tipo L-1A y L-1B, H-1B, y H-2B". Las dos primeras, estipulan lo concerniente a la "transferencia internacional de ejecutivos o empleados con conocimiento extraordinario de compañías extranjeras con presencia en Estados Unidos y en el exterior", probablemente el número menor de casos, si las comparamos con las visas tipo H-1B, que permiten la contratación de profesionales extranjeros, o las H-2B, relativas al empleo de trabajadores del área de servicios (empleados domésticos y hoteleros fundamentalmente).
Del mismo modo, aquellos inmigrantes amparados por programas de residencia temporal, como el llamado "TPS" o la Acción Ejecutiva del 2012 (DACA) para los dreamers, también han sido modificados.
El objetivo de estos "cambios" parece estar claro: Trump, y su gobierno, buscan darle preferencia a los ciudadanos norteamericanos.
Según el Fiscal General Jeff Sessions, los casi 800,000 dreamers que se beneficiaron de DACA desde su puesta en vigor desde el año 2012, han sido un obstáculo para los ciudadanos norteamericanos, muy probablemente porque la inmensa mayoría de estos "dreamers" son jóvenes bilingües, lo que les facilita la búsqueda de empleos en los estados con presencia de comunidades hispanas.
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes calculan en unos $460,000 millones de dólares, el aporte que los beneficiarios del DACA, pudieran ofrecer a la economía estadounidense en la próxima década.
No obstante, las palabras de Trump parecen regir los trazos migratorios de la nación.
"Nadie podrá competir con los estadounidenses por un empleo. Usaremos todos los recursos que estén a nuestro alcance para restaurar el sueño americano".
Con información de Univisión
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