Carlos Díaz-Rosillo es el político cubano con mayor rango en la Casa Blanca y una de las personas que asesoran al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su política hacia Cuba. Este viernes ha hablado con CiberCuba sobre las nuevas medidas que ha tomado la administración norteamericana para evitar que el dinero de los ciudadanos estadounidenses vaya a parar a instituciones militares, de Inteligencia o servicios de seguridad en la Isla.
En sus respuestas ha sido meridianamente claro: EEUU no mandará a la CIA a vigilar lo que hacen sus ciudadanos en Cuba, pero advierte de que habrá sanciones para aquellos que se salten las normas. "La gente no puede ir a hacer turismo a La Habana como lo hacía hace varios meses", recalcó.
Díaz-Rosillo explica que ni él ni la Casa Blanca redactaron las regulaciones anunciadas hace dos días, aunque en su caso, sí estaba al tanto de cuáles iban a ser las medidas adoptadas antes de que éstas fueran publicadas. Los departamentos del Tesoro, Comercio y Estado fueron los encargados de diseñar esas disposiciones a petición del presidente Trump.
A preguntas del periodista Ernesto Morales sobre qué motivó el viraje en la política de los Estados Unidos hacia Cuba, respecto a lo que había ocurrido durante la administración Obama, Díaz-Rosillo se remontó a las dos veces que el presidente Trump estuvo en Miami en campaña electoral y dijo que no estaba de acuerdo con la postura del Gobierno anterior, que esas negociaciones no dieron los resultados adecuados porque ni el pueblo norteamericano ni el cubano se vieron beneficiados, sino sólo el gobierno de La Habana. "Entonces el presidente Trump avanzó que iba a reestructurar esa relación de manera que los beneficios fueran para el pueblo norteamericano y para el cubano y no para el régimen. Esa fue su promesa y eso fue lo que hizo", señala.
Sobre cómo se controlará en la práctica el cumplimiento de las nuevas disposiciones que vetan, por ejemplo, el consumo de refrescos de las fábricas Cachito o Tropicola o los rones Caney y Varadero, Díaz-Rosillo aclaró que no van a mandar a nadie de la CIA o del Departamento del Tesoro a asegurarse de que los norteamericanos estén cumpliendo con la Ley, "pero si nos enteramos de que un norteamericano se quedó en un hotel controlado por los militares va a haber sanciones, de la misma manera que esperamos que la gente llene correctamente su planilla con su declaración de impuestos y si nos enteramos de que no es así, hay penalizaciones. Vamos a contar con los medios de prensa, con la gente que diga, Fulano del Tal se quedó en este hotel, investiguen y lo vamos a investigar. Pero no podemos estar siguiendo a todos los norteamericanos, ni es lo que el Gobierno quiere hacer. Confiamos en la buena voluntad del pueblo americano. Aquel que no cumpla las leyes tiene que saber que va a haber consecuencias".
A partir de ahora, recalca Díaz-Rosillo, los ciudadanos norteamericanos que vayan a Cuba de turismo a beber mojito y su viaje no sea con un fin educativo o religioso, de los que están permitidos, recibirán sanciones: "Habrá consecuencias. Eso va a cambiar", dijo.
A las críticas del senador Marco Rubio y del congresista Mario Díaz-Balart, que consideran que éste es el camino a seguir, pero no es suficiente, Díaz-Rosillo responde que si tienen alguna queja de "burócratas que están socavando la voluntad del presidente", que identifiquen a esas personas, para investigarlas. "Nos tomamos cualquier comentario de ese tipo muy en serio", concluyó.
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