La revista oficialista Bohemia publicó un extenso artículo en el que atribuyó al sector privado la corrupción que impera en Cuba. El artículo firmado por Lázaro Barredo Medina, ex director de 'Granma', asegura que los "delitos económicos asociados a la corrupción mantienen su impacto en los sectores relacionados con la producción, distribución, comercialización y venta de alimentos y otros productos de alta demanda popular".
En este sentido responsabilizó a cadenas delictivas "que involucran a directivos, trabajadores y fuerzas de seguridad y protección, cuentapropistas y personas desvinculadas que quieren mantener un alto nivel de vida con este 'trapicheo'".
A su juicio, el débil control interno y la "desidia" a la hora de actuar favorecen el abastecimiento al mercado ilegal.
"Las evasiones fiscales, el lavado de activos, las falsificaciones, la obtención de ilícitos provechos durante las transacciones comerciales" fueron algunas de las formas corruptas enumeradas por la citada publicación.
"Las medidas en proceso para la actualización del modelo económico cubano, esencialmente las nuevas formas de gestión no estatal de la propiedad, han generado presión sobre las entidades y sus directivos por la demanda de recursos y servicios (ante la carencia de un mercado mayorista de materias primas para desarrollar su actividad), a lo cual se une la insatisfacción de necesidades esenciales, lo que sin dudas incide en la permisibilidad y aceptación de estos hechos", señaló la revista.
En este sentido Barredo Medina admitió que las ilegalidades económicas están causadas por "el aumento de los precios de los productos de primera necesidad", así como por el "descenso del poder adquisitivo del salario".
En el extenso artículo se hace referencia a los órganos locales del Poder Popular, al comercio, la gastronomía, la agricultura, el transporte, la industria alimentaria, el sistema de vivienda y Planificación Física como los sectores más afectados.
Para la Fiscalía, existe "un creciente vínculo con el exterior en la ocurrencia de ilícitos penales, en ocasiones por el empleo de las nuevas tecnologías y disponibilidad financiera de algunos delincuentes, incluidos emigrados, repatriados y extranjeros, varios de ellos vinculados a las formas de gestión no estatal".
Bohemia reveló que entre finales de 2015 y 2017 se llevaron a cabo 23 procedimientos confiscatorios al amparo del Decreto-Ley 149 de 1994 "por un patrimonio total de 135 millones de pesos", en las provincias de Pinar del Río, Mayabeque, La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Las Tunas, Granma y Santiago de Cuba.
Como consecuencia resultaron expedientadas 25 personas, entre ellas varios funcionarios, y otras 126 como terceros beneficiados (algunos que actuaron como testaferros o prestanombres).
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