Nivardo Jacinto Hernández Cutiño decidió repatriarse a Cuba para montar su propia paladar en Puerto Padre, Las Tunas. Lo hizo ampliando la casa de su suegra, Nelsa Lucía Rodríguez Ávila, de 68 años de edad, una maestra jubilada después de 40 años de servicio, muy querida en el pueblo, a la que la Seguridad del Estado acusa de proxenetismo y de tráfico de personas. Le han caído tres años de cárcel, que deberá cumplir en prisión domiciliaria.
Para abrir su pequeño negocio, Nivardo pidió 100.000 pesos al Banco Popular de Ahorro, invirtió el dinero que traía de Estados Unidos y el que le prestó su hermano. Ahora la Seguridad del Estado le ha cerrado el restaurante y él y su familia están a la espera de que ejecuten la confiscación de su casa, que ellos duplicaron tras la ampliación, según recoge un reportaje de Cubanet.
La suegra de Nivardo deberá cumplir su condena en la vivienda que les alquilará el Gobierno cubano en Itabo 23. Se trata de una casa que perteneció a un joven llamado Dayron. Cuando le quiten la que les acaban de decomisar en favor del "Estado cubano", ésta será entregada a un anciano postrado en una cama que se llama Cirilo Marrero Bruzón. Este señor es el suegro de Félix Castelló, director de Planificación y Economía del Gobierno de Las Tunas. También es familia de Dayron, el del domicilio de Itabo 23 al que mandan ahora a la familia.
La Cascada, el bar de Nirvardo Hernández, iba bien. Tenía éxito. El mismo día que le hicieron un registro, le celebraron el juicio. Así de rápido. Un policía resumió la operación a Maite, una empleada de las seis que tenía el restaurante: "Ése muñeco está armado",dijo refiriéndose a la sentencia No. 208/2017 del Tribunal Provincial de Las Tunas.
Nivardo está convencido de que le quitan la casa de su suegra para dársela a un funcionario del Gobierno. "¡Es el colmo de la corrupción en Cuba! Cómo va a haber inversión extranjera", se queja a Cubanet.
Él y su mujer trabajaron duro para levantar el restaurante. En cuanto abrieron, hace dos años, les cayó un operativo policial sin orden de registro. Les dijeron que era una ley nueva que venía de Camagüey, aunque ellos viven en Las Tunas. Les preguntaron por el cuarto que alquila su suegra y le obligaron a abrirlo porque Luis Carlos, el oficial al frente del registro, estaba seguro de que había alguien dentro. Él lo abrió. Estaba vacío. Pero el policía se quedó con los detalles de la habitación, según Nivardo, y fueron algunos de esos detalles los que aportaron en el juicio las tres prostitutas que testificaron en contra de su suegra.
Una de las testigos confesó que la Policía le preparó su declaración. "¿Eso es legal?", se pregunta Nivardo.
El presidente del CDR donde vive Nirvardo escribió una carta dando fe de que habían cometido una injusticia. La presentaron a la Policía, pero no la tomaron en cuenta porque, en opinión de Nivardo, sólo usan los CDR cuando les conviene.
De esta forma, al abogado de Nivardo le negaron la posibilidad de presentar testigos so pretexto de que tenían vínculos afectivos con la acusada (la suegra).
Nivardo sólo tiene claro que para quitarle la casa de su suegra tienen que matarlo. "¡Me matan. Tienen que matarme. De aquí yo no salgo. Hasta el Papa se entera de esto!"
La suegra de Nivardo ha inciado un proceso contra los policías al frente de la operación.
Nivardo quiere que Díaz-Canel mande a investigar lo ocurrido.
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