Miguel Díaz-Canel ha salido en defensa de Nicolás Maduro horas después de las protestas masivas que se registraron en Venezuela y de que Juan Guaidó se proclamase presidente interino de la nación centroamericana.
"Condenamos y rechazamos enérgicamente el intento de imponer, a través de un golpe de estado, un gobierno servil a los EEUU en la República Bolivariana de Venezuela", escribió el dirigente de la Isla en su cuenta de Twitter.
El gobernante cubano acusó a la administración estadounidense, además, de querer "imponer" en el país chavista un "gobierno servil".
Estas declaraciones las realizó a pesar de que es conocida la estrecha relación que mantienen los gobierno de Cuba y Venezuela y de que el pasado 9 de enero Christian Zerpa, el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela que huyó a Estados Unidos, denunciara que fue testigo de la injerencia cubana en su país.
"En el año 2016 el presidente Maduro fue a Cuba a recibir una condecoración días antes de la visita de Barak Obama, y una situación que me tocó presenciar, vi cómo el Embajador de Cuba entró a una oficina donde estaba Maduro, y una persona a este me dijo que le estaba dando instrucciones a Maduro", detalló.
En noviembre salió a la luz también que cubanos de las 'Avispas Negras' participaron en maniobras militares en Venezuela entre el 22 y 29 septiembre pasado.
En estos ejercicios, que se llevaron a cabo en la frontera entre Colombina y Venezuela, también estuvieron efectivos de Rusia y China; ambos defensores en las últimas horas de la legitimidad de Maduro en el poder.
Recientemente también se conoció que el gobierno norteamericano estaba estudiando imponer sanciones a los oficiales militares y de inteligencia cubanos que están ayudando al gobierno de Nicolás Maduro a combatir la oposición en Venezuela.
El miércoles la administración de Trump reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. El máximo representante de la Asamblea Nacional se autoproclamó así basándose en dos artículos de la Constitución venezolana, aprobada en 1999 a través de referéndum popular impulsado por el fallecido Hugo Chávez.
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