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CARACAS, 27 ene (Reuters) - Simpatizantes de la oposición de Venezuela se preparaban el domingo para entregar en puestos militares copias de una propuesta de ley de amnistía que considera la Asamblea Nacional, bajo control opositor.
El congreso trabaja desde hace semanas en ese plan para los civiles y militares que colaboren en la transición, pero los diputados tiene que maniobrar entre la política y el derecho internacional, que impone ciertos límites para otorgar ese beneficio.
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Pequeños grupos tenían previsto acudir a puntos militares y policiales, como alcabalas y batallones, entre otros, a entregar copias del proyecto de ley a los uniformados que vigilan los accesos.
"Llegamos hasta la puerta del batallón Girardot, salió un comandante y nos dio la espalda. Igual vamos a seguir entregando la ley entre militares conocidos y familiares de militares", dijo Juvenal Timaure, representante del opositor grupo Frente Amplio en Coro, capital del estado Falcón, en el extremo noroccidental de Venezuela.
El líder opositor, Juan Guaidó, autoproclamado presidente encargado de Venezuela el 23 de enero, ha hecho exhortos a las fuerzas armadas y al pueblo a que se le unan para presionar por la salida del mandatario Nicolás Maduro, a quien el Congreso de oposición declaró "usurpador" del cargo.
La declaratoria de usurpación se dio este mes después de que el 10 de enero Maduro juró por otro sexenio de gobierno tras las elecciones de mayo del año pasado, consideradas fraudulentas por buena parte de la comunidad internacional.
"La familia militar es fundamental en este proceso", dijo Guaidó en una entrevista con Reuters esta semana cuando empezó a avanzar en la ley de amnistía que incluye las "garantías" a los oficiales.
Según normas del congreso, la propuesta de ley ya recibió la primera de las dos aprobaciones que requiere. Se prevé que en los próximos días reciba la segunda y última aprobación.
El texto del proyecto de ley, que tiene sólo 6 artículos, fue presentado al público el fin de semana en asambleas populares realizadas en plazas de las principales ciudades del país con el fin de buscar apoyo entre los ciudadanos.
En su tercera disposición, señala que "se concederán todas las garantías a funcionarios civiles y militares" que colaboren a la restitución de la democracia. En su cuarto artículo ofrece amnistía a oficiales y funcionarios detenidos, pero mantiene la investigación y sanción a delitos contra los derechos humanos.
Consultas por propuesta
"Este texto tiene ser ampliamente consultado y debatido y que llegue a los cuarteles", señaló el sábado la diputada Delsa Solórzano, que fue parte del grupo de media docena de diputados que redactó el proyecto.
El plan será sometido a consulta el lunes con comités de víctimas y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, que ya han advertido que los beneficios no pueden amparar a personas vinculadas a delitos de lesa humanidad, como asesinato, tortura y persecución política, entre otros.
"La amnistía es buena siempre que no sea para violadores de derechos humanos", dijo Bonny de Simonovis, esposa de Simón Simonovis, un jefe policial detenido en 2002 y que está bajo arresto domiciliario.
"Ellos (oficiales) nos necesitan a nosotros y nosotros a ellos, a diferencia de la tónica del gobierno de odiar y dividir al país, nosotros queremos sumar", agregó durante un acto de apoyo al texto legal.
Para los organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, los diputados tienen que discutir ampliamente y mejorar algunos aspectos del proyecto.
"Desde el punto de vista político es comprensible", pero "es cuestionable por los derechos humanos", dijo Gonzalo Himiob, directivo del no gubernamental Foro Penal, quien planteó que la amnistía y las garantías a los funcionarios tienen que estar en textos separados.
Eduardo Trujillo, director del centro de derechos humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, dijo que "la amnistía y el llamamiento que se está haciendo a civiles y militares para que contribuyan (...) es un elemento que está siendo utilizado como palanca por la Asamblea Nacional para tratar de contribuir" al cambio de gobierno.
Pero entre los activistas "la mayor preocupación que tenemos es (... que) se puedan colar violadores de derechos humanos con el ánimo de obtener beneficios procesales (...) hacer que los delitos que hayan cometido no sean punibles".
Familiares de presos políticos han participado en las actividades del Parlamento, y algunos como Juan Guillermo Requesens, padre del diputado Juan Requesens, preso desde agosto del pasado año, dijo que "es bueno sumar para restablecer el orden democrático, pero la violación de derechos humanos no prescribe".
Liliana Ortega, directora del no gubernamental grupo Cofavic, agregó que "todas las iniciativas son importantes, pero es fundamental escuchar a las víctimas, porque todas las medidas de (amnistía) deben cumplir con los estándares internacionales".
Reporte de Mayela Armas y Vivian Sequera. Reporte adicional Mircely Guanipa desde Punto Fijo, editado por Gabriel Burin.
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