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El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel considera que la Ley Helms-Burton es "una aberración jurídica". "Es robar por ley lo que no han podido conquistar por la fuerza", escribió este sábado en Twitter.
En su opinión, Cuba "es soberana desde hace 60 años y no hay fuerza ni ley injerencista que la devuelva a la esclavitud".
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Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar. Amapola, por ejemplo, se limitó a preguntarle "¿cuántas casas fueron confiscadas a todo el que emigraba legal a EE.UU? Hacían un inventario de todo el inmueble y sus artículos y lo que habían logrado con mucho esfuerzo tampoco podían dejárselo a los familiares. Solo por querer vivir en otro país".
Por su parte, Álvaro Fernández le contestó: "Cínico, ahora el pueblo cubano es más escalvo que nunca y usted tuvo la oportunidad de liberarlo y no lo hizo. Se revolcará en el infierno como hoy lo hace Fidel".
En la misma línea, otro usuario, Hitman, asegura que "robar fue lo que hicieron en el 59. ¿Y que más esclavitud quieres para Cuba que la del comunismo que decide hasta cuántos huevos puede comer el pueblo al mes?"
Para AriesCuba, la Isla dejó de ser soberana en 1959 y la Ley Helms Burton "no es más que darles un poco, de su propia medicina. Robaron y confiscaron propiedades en nombre de una “revolución”, siendo una dictadura. Por 60 años, han tenido al pueblo engañado".
El usuario Aguilucho, por su parte, le afeó al sucesor de Raúl Castro que "más aberración es no dejar entrar a su propio país a miles de cubanos y callar a la fuerza las voces de libertad de la Isla esclava".
"Para qué devolvernos a la esclavitud si continuamos sumidos en ella. Utilizan a los médicos como mano de obra barata para llenar sus bolsillos. Y el pueblo continúa en la misma miseria y aún acostumbrado con las mentiras. La doble moral es usanza del desgobierno puesto a dedo", le escribió la doctora cubana Yarennis Rodríguez.
El tuitero Clemente le pregunta al sucesor de Raúl Castro si le puede decir qué ha ganado el pueblo cubano en 60 años de socialismo en la Isla. "¿Me puedes decir qué le ha dado la revolución al pueblo, que ahora éste viva mejor. Y no me vayas a decir Educación y Salud gratis. Eso el pueblo lo está pagando hace 30 años con salarios que van desde 2 dólares a 20. El resto que no les paga es para cubrir esos gastos. Eso no es gratis".
Aunque menos, el gobernante cubano recibió mensajes de apoyo como el del joven ingeniero informático Julio Sabina Rodríguez, de Consolación, en Pinar del Río, que defiende que Cuba no quiere hacer negocios con Estados Unidos sino con el resto de países sin que Estados Unidos "se meta".
El secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció el pasado 4 de marzo que se mantendrá suspendido durante un mes más el título III de la ley Helms-Burton porque está en los "intereses nacionales" de Estados Unidos y acelerará una "transición a la democracia" en Cuba.
La suspensión, que expirará el próximo 17 de abril, impide a los cubanoamericanos reclamar ante las cortes de Estados Unidos propiedades que les fueron expropiadas tras la Revolución cubana.
La administración estadounidense explicó que la extensión de la suspensión tiene una excepción, ya que sí se podrán interponer demandas contra las empresas que están sancionadas por Washington y que están incluidas en una "lista negra".
Estas compañías son las que pertenecen a las Fuerzas Armadas o están "bajo el control" de la inteligencia cubana. Esto también incluye al personal que establece "transacciones financieras directas" que podrían dañar al pueblo cubano.
En la lista están el Ministerio cubano de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior (MININT), además de una gran cantidad de hoteles, como la cadena cubana de establecimientos turísticos Gaviota y hoteles de ese grupo, como el Meliá Marina Varadero.
"Lo que Cuba está dispuesta a hacer (...) es entrar en un proceso de negociación en la búsqueda de un acuerdo de suma total para que puedan ser compensados los antiguos reclamantes, reconocidos por la Comisión de reclamaciones extranjeras de EE.UU.", detalló el director para Estados Unidos de la Cancillería, Carlos Fernández de Cossío.
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