Grupos del exilio y funcionarios cubano-estadounidenses continúan presionando para que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, implemente en su totalidad la Ley Helms-Burton que permite interponer demandas a compañías extranjeras que hayan invertido en bienes comerciales expropiados por el Gobierno de Cuba, informó Efe.
La nueva acción da continuidad a la carta pública enviada días atrás a Trump, en la que más de veinte grupos del exilio cubano le pidieron la "implementación completa" de los Títulos III y IV de la conocida como Ley de Libertad Cubana.
Al movimiento se sumaron ahora cuatro alcaldes, entre ellos Carlos Giménez y Francis Suárez, del condado de Miami-Dade y de la ciudad de Miami, respectivamente, además de cuatro comisionados (concejales) del sur de Florida.
El pasado 16 de enero, Trump fue el primer presidente estadounidense en activar parcialmente el Título III de la Ley Helms-Burton, de 1966, que da derecho a los estadounidenses a reclamar propiedades que les fueron confiscadas por el Gobierno cubano.
Pero la implementación completa de este Título abriría la puerta a demandas por “daños a compañías no cubanas que invierten en bienes comerciales que fueron expropiados o confiscados” a sus dueños legales, dijo a Efe Orlando Gutiérrez, de la Asamblea de la Resistencia Cubana, una coalición de grupos opositores de dentro y fuera de la Isla.
Su impacto traería consecuencias graves a compañías norteamericanas que ya invierten en Cuba, como las de cruceros, con intereses “en los muelles de La Habana o Santiago”, pues podrían ser demandas en los tribunales de su país, según Gutiérrez.
También podrían verse perjudicadas cadenas hoteleras, como la Marriot, o de otras nacionalidades, como el grupo español Meliá, que “han invertido en propiedades y hoteles robados”, de acuerdo al citado activista.
Los bienes de estas firmas localizados en suelo estadounidense “podrían estar sujetos a una reclamación por daños”, explicó Gutiérrez, quien cree que si Trump activa completo el Título III, la “presentación de demandas de mucho peso sería inmediata”.
Recordó Gutiérrez, director del Directorio Democrático Cubano, que los Títulos III y IV de esta ley "cubren a todo el que haya perdido una propiedad comercial, no residencial, con un valor superior a los 50.000 dólares y que esté siendo utilizada por el régimen castrista".
Hay unas 200.000 a 300.000 quejas de ciudadanos cubano-estadounidenses que alegan propiedad de bienes y empresas confiscadas, como Bacardí, los terrenos del aeropuerto internacional José Martí de La Habana, cultivos azucareros y aseguradoras, entre muchos otros.
Estados Unidos además ha "certificado" 5.913 casos de ciudadanos y empresas estadounidenses, como por ejemplo Texaco, Coca Cola y Palmolive, que pueden también acogerse al Título III si se activa, por un total de 1.900 millones de dólares.
El pasado 4 de marzo el Gobierno Trump abrió la puerta para demandar a partir del próximo 19 de marzo a 200 entidades gubernamentales cubanas, que hacen parte de una "lista negra" por adueñarse de bienes confiscados.
Se prevé que el Gobierno estadounidense anuncie el próximo 17 de abril una decisión sobre el Título III, cuando vence una suspensión más corta, "sin precedentes", de esta facultad, de treinta días, que anunció recientemente.
Esta medida ha sido suspendida consecutivamente cada seis meses por los Gobiernos de Bill Clinton, George Bush y Barack Obama, lo mismo que por Trump durante sus primeros dos años de Administración.
El pasado 21 de marzo el director para EE.UU. de la Cancillería cubana, Carlos Fernández de Cossío, señaló que el Gobierno de Cuba estaría dispuesta a negociar un acuerdo de compensación a los reclamantes de propiedades nacionalizadas reconocidos por los Estados Unidos.
Sin embargo, impuso como condición que Washington acepte discutir sobre las indemnizaciones a Cuba por daños causados por su Gobierno.
"Lo que Cuba está dispuesta a hacer (...) es entrar en un proceso de negociación en la búsqueda de un acuerdo de suma total para que puedan ser compensados los antiguos reclamantes, reconocidos por la Comisión de reclamaciones extranjeras de EE.UU", explicó Fernández de Cossío.
El funcionario especificó que se refería a los 5.913 exiliados cubanos que han interpuesto demandas reconocidas por tribunales estadounidenses.
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