Carmen Rosa Santo Aguilera tiene 83 años y vive en el barrio La Renté de un pueblo llamado Cautillo Merendero, en el municipio granmense de Jiguaní. Desde 1961 habita una casa de tablas de palma y techo de fibrocemento que a estas alturas está prácticamente en ruinas, pero el Gobierno no le ha permitido arreglarla durante años, porque al estar situada junto a unas torres de alto voltaje hay orden de demoler el barrio desde 2006.
Sin embargo, han pasado 13 años y la mudanza no llega. El problema es que Carmen Rosa está en una situación límite porque pese a su avanzada edad, está al cuidado de un hijo de 63 años, que permanece encamado porque sufre una invalidez total, y una hija de 56, que padece una discapacidad mental.
En 2006, los vecinos de La Renté fueron informados en una reunión de rendición de cuentas de que el barrio iba a ser demolido. Esta anciana cubana cuenta que nadie se atrevió a hacer arreglos en las casas por temor a ser multado ya que el Gobierno tenía prohibido hacer obras.
En 2017, los vecinos pidieron hablar con el delegado del Poder Popular para buscar una solución a las casas en mal estado. El año pasado, en la asamblea de rendición de cuentas, consiguieron que la directora de Planificación Física acudiera a la reunión. Ella les propuso solicitar solares en la finca Los Cocos.
Todos los vecinos que están en una situación similar a la de Carmen Rosa lo hicieron y a los 15 días recibieron la visita de funcionarios del Gobierno que pasaron por sus casas a verificar el estado de las viviendas. "Salieron horrorizados al ver la situación de mi casa", cuenta Carmen Rosa.
Sin embargo, a los 20 días recibieron un documento del Gobierno municipal de Jiguaní que les denegaba el traslado a la finca Los Cocos, porque no tenían solares disponibles.
A día de hoy, la finca Los Cocos sigue como estaba: inutilizada. También hay tierras ociosas junto al campo de pelota en Cautillo Merendero.
Carmen Rosa asegura además que hay locales estatales a los que no se les da ningún uso y que se están deteriorando, cuando podían servir para acoger a los vecinos necesitados de La Renté. "Si se las entregaran a los necesitados, seguramente las arreglarían, pues a un desnudo cualquier ropa le sirve", asegura la anciana en una carta enviada al diario Juventud Rebelde.
A sus 83 años, a Carmen Rosa le gustaría, antes de morirse, dejarle una casa en condiciones a sus hijos, pero el Gobierno no le pone fácil ni siquiera la concesión de un subsidio.
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