En un reciente artículo publicado en El tiempo, el periódico de mayor circulación en Colombia, un diplomático europeo no identificado confesó que "Cuba tiene razones para preocuparse" frente a la presión que ejerce el gobierno de Trump sobre Nicolás Maduro.
¿Qué le pasaría a Cuba si cayera el régimen de Nicolás Maduro? Es una pregunta que da vueltas desde que la crisis política, social y económica en Venezuela empeora con los días.
¿Qué pasaría, por ejemplo, si Venezuela dejara de suministrar petróleo a Cuba? Es otra pregunta que los cubanos comienzan a plantearse junto a otra interrogante más que atormenta a los ciudadanos en la Isla: ¿Volverá el período especial?
Se conoce el descenso violento que ha experimentado la producción de la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA) en las últimas décadas, en gran medida por la pésima administración de los militares que han sido puestos a dirigir la empresa. Al punto de que se ha tenido que contratar servicios extranjeros para acciones tan elementales en la industria como perforar o producir el crudo.
Cuba recibió de sus aliados venezolanos 110 mil barriles diarios de petróleo y hoy les llega entre 40.000 y 50.000, según cifras de el artículo de El tiempo.
En un momento tenso para Venezuela, cuando Estados Unidos estudia posibles sanciones para empresas que negocien con el régimen venezolano, para cortar ingresos a Nicolás Maduro, Cuba sí tendría que preocuparse.
De ahí que en los últimos tiempos los dirigentes cubanos hayan estado tan centrados en la inversión extranjera. En semanas recientes se conoció, por ejemplo, de la inversión de Japón en el transporte y el servicio eléctrico. También se supo de las acciones de la realeza británica para invertir en energía renovable en la Isla.
El daño a la economía cubana que supone la crisis por la que atraviesa el régimen de Maduro, se suma a la presión ejercida por el gobierno de Donald Trump. Con la activación del título III de la Ley Helms-Burton, la administración norteamericana abrió la posibilidad a los ciudadanos estadounidenses de demandar en tribunales de Estados Unidos a las empresas estatales cubanas y sus socios que comercian con patrimonio expropiado tras el triunfo de la Revolución.
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