El gobierno de Estados Unidos endurecerá este miércoles el embargo a Cuba al implementar el título III de la Ley Helms-Burton, que permitirá reclamar en tribunales estadounidenses las propiedades confiscadas por el régimen de Fidel Castro a partir de 1959.
"Mañana [17 de abril], Estados Unidos pondrá fin a unos 20 años de suspensiones del Título III de la ley Helms-Burton", dijo un alto funcionario estadounidense a un reducido grupo de medios en Washington.
El funcionario gubernamental, que pidió anonimato, informó también que Estados Unidos comenzará a aplicar el Título IV de la legislación, que restringe la entrada en el país de aquellas personas que "posean propiedades confiscadas de ciudadanos estadounidenses o que trafiquen con esas propiedades".
El gobierno de Estados Unidos había postergado hasta el 1ro de mayo la suspensión del controversial Título III, pero el Departamento de Estado debe anticipar su decisión al Congreso en un plazo de 15 días.
El anuncio formal lo hará este miércoles el Departamento de Estado y lo confirmará el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton durante un discurso en Miami en el que adelantará nuevas sanciones contra los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. La presentación de Bolton será en un almuerzo con miembros de la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos (Brigada 2506) en el Hotel Biltmore de Coral Gables. La Brigada 2506 dio su abierto respaldo a Donald Trump desde los días de su campaña presidencial.
A pesar de la amplia oposición de España y del bloque de la Unión Europea (UE) a la legislación, Washington tomó la iniciativa de implementar el Título III como recrudecimiento de las sanciones contra Cuba por su apoyo incondicional al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
La balanza entre las presiones sobre Cuba y Venezuela y los compromisos con el bloque europeo se inclinó hacia la búsqueda de una salida a la crisis venezolana,
"Venezuela es una prioridad de la política estadounidense y creemos que será difícil para Maduro sostenerse en el poder", apuntó el funcionario.
Cuando se aprobó la Ley Helms-Burton en 1996, el bloque europeo y otros países con intereses empresariales e inversiones en Cuba se opusieron ferozmente por temor a los reclamos de compensaciones en litigios en tribunales de Estados Unidos. Por 23 años, el Título III fue regularmente suspendido por las administraciones de Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama e incluso Trump, alegando la protección de intereses nacionales.
Anteriormente, la UE denunció a Washington ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). Estados Unidos optó por mantener suspendido el título III a cambio de la retirada de la querella.
Interrogado sobre la posibilidad de que la UE retome acciones legales para demandar a Estados Unidos ante la OMC, el funcionario manifestó que los países europeos "tienen derecho a demandarnos, y nosotros tenemos derecho a verles fracasar".
"[Los europeos] han tenido más de 24 años de suspensión [del Título III], de lucrar con la propiedad robada a ciudadanos estadounidenses", añadió.
Además, aclaró que Estados Unidos no planea conceder "ninguna exención" a empresas extranjeras que puedan resultar afectadas por el cambio, que entrará en vigor en los próximos días.
"Los europeos entendieron que estábamos llegando a esta decisión", indicó el funcionario, cuando visitaron Washington hace dos semanas para la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN y se reunieron con Bolton y el secretario de Estado, Mike Pompeo. La reunión celebró los 70 años de la alianza militar entre Estados Unidos y Europa.
La medida es un significativo paso en el reforzamiento del cerco económico contra Cuba y constituye un factor de desestimulación a la inversión extranjera, en momentos en que arrecian las carencias de alimentos y recursos financieros en la isla. El pasado sábado el Parlamento cubano aprobó en sesión exctraordinaria una declaración que rechaza la aplicación de la Ley Helms-Burton y la califica como un “proyecto genocida contra el pueblo cubano”,
El volumen de demandas que podrían escalar hasta los tribunales estadounidenses a partir de mayo es impreciso, pero se calcula en miles de litigios. En total existen 5,913 reclamaciones certificadas por La Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras del Departamento de Justicia, pero a esas compañías y personas expropiadas podrán unirse ahora los cubanos víctimas de confiscaciones por el régimen comunista y luego naturalizados como estadounidenses.
Se estiman hasta en 200 mil las reclamaciones de propiedades que podrían estar asociadas a cubanoamericanos expropiados.
El requisito para para que las demandas sean aceptadas bajo la ley Helms-Burton es que las pérdidas reclamadas sean superiores a $50 mil dólares. La mayor reclamación certificada es de la Compañía Cubana de Electricidad por un monto de $267.5 millones de dólares.
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