La batalla legal que se inaugura este jueves en los tribunales federales de Estados Unidos fue una quimera que permaneció irrealizable por 23 años por voluntad de tres presidentes norteamericanos y el letargo forzoso de una aspiración legítima de miles de familias y compañías: recibir compensación por las propiedades que la revolución de Fidel Castro les arrebató sin indemnizarlos.
Sin embargo, la implementación del título III de la Ley Helms-Burton que entra en vigor a partir de este 2 de mayo es apenas una puerta entreabierta para impulsar procesos judiciales que se vaticinan técnicamente escabrosos, prolongados y altamente costosos.
La apertura de las hostilidades legales estará a cargo de dos familias que reclamarán compensación a la misma compañía por el uso de propiedades incautadas por el régimen comunista. Ambas querellas apuntan a Carnival Cruise Lines, una empresa de cruceros radicada en Miami y bajo la división de operaciones de Carnival Corporation.
La activación del título III implica mayormente a entidades extranjeras con presencia en Cuba, no excluye los litigios contra firmas de Estados Unidos que trafiquen u obtengan beneficios comerciales de propiedades confiscadas después de 1959.
Las primeras demandas fueron interpuestas por el neurocirujano Javier García Bengochea, de Jacksonville, Florida, y propietario legítimo de la firma La Marítima Parreño, que tuvo posesión de la terminal principal del puerto de Santiago de Cuba hasta 1960; y Mickael Behn, integrante de la familia dueña de Havana Docks Corporation, compañía que ocupaba una importante zona de operaciones en el puerto de La Habana, con tres muelles y varios edificios que le fueron expropiados en 1961.
"Es un día histórico", dijo a CiberCuba el abogado cubanoamericano Nick Gutiérrez, quien funge como consejero legal de los demandantes.
La primera cita fue en el tribunal federal del distrito Sur de Florida, en el centro de Miami, donde posiblemente confluya la mayor cantidad de querellas protegidas por la Ley Helms-Burton. Este jueves ambas demandas cumplieron el requisito de presentación con el pago de una tarifa (filing fee) de $6,575 dólares. Posteriormente, se asignarán a un juez que estudie la pertinencia legal de la reclamación, valide el caso y conceda un plazo al demandado para responderla.
Horas después, Exxon Mobil compareció ante un tribunal federal de Washington DC para presentar una demanda contra las compañías cubanas CUPET y CIMEX, convirtiéndose así en la primera corporación estadounidense que emprende una acción legal bajo la Ley Helms-Burton.
Carnival tenía en planes aumentar en 20 sus salidas a Cuba para el 2019 a bordo del crucero Carnival Paradise, con lo que sumaría 48 visitas a La Habana. El proceso podría impactar sustancialmente las visitas de estadounidenses, que utilizan los cruceros como principal opción para llegar a la isla.
Gutiérrez adelantó que a las demandas contra Carnival ambos reclamantes van a añadir acciones legales contra otras compañías de cruceros que utilizan los puertos de Santiago de Cuba y La Habana para sus operaciones comerciales. Carnival comenzó a viajar a Cuba en el 2016, tras la flexibilización decretada por la administración Obama para las visitas de estadounidenses.
Hasta el momento no se han anunciado otras demandas inmediatas de compañías o ciudadanos afectados por las confiscaciones en Cuba. Los reclamos pueden interponerse en cualquiera de los 94 distritos del sistema judicial federal de Estados Unidos.
Los reclamos pueden interponerse en cualquiera de los 94 distritos del sistema judicial federal de Estados Unidos
Pero hay una razón fundamental que explica que la iniciativa fuera tomada por las familias Bengochea y Behn. De todo el listado principal de familias cubanas con opciones de demandas bajo el título III de la Ley Helms-Burton, son ellas las únicas que aparecen certificadas por la Comisión de Adjudicación de Reclamaciones Extranjeras (FCSC) del Departamento de Justicia.
"Este es un asunto esencial, porque las reclamaciones certificadas ya tienen el valor de la propiedad confiscada por un juez administrativo, lo que adelanta el proceso legal", explicó Gutiérrez.
El tema de las certificaciones de propiedades va a pesar definitivamente en el volumen de demandas que escalen los tribunales estadounidenses en una etapa inicial.
El tema de las certificaciones de propiedades va a pesar definitivamente en el volumen de demandas que escalen los tribunales estadounidenses en una etapa inicial
El Departamento de Justicia certificó 5,913 reclamaciones de ciudadanos y compañías estadounidenses que fueron valoradas en $1,902 millones de dólares al momento de la expropiación. El valor actual se estima en $9,000 millones, considerando un interés del 6 % anual desde la confiscación. Pero de acuerdo con el informe de la CCDF, solo 817 reclamaciones tienen un valor original superior a $50,000 dólares, que es el requisito exigido para demandar compensaciones por la Ley Helms-Burton.
Del total de certificaciones, solo 131 -92 corporaciones y 39 personas- tienen reclamaciones admitidas por $1 millón de dólares o más, y apenas 48 superan en sus asignaciones los $5 millones. La mayor reclamación certificada es de la Compañía Cubana de Electricidad, que pertenece actualmente a la corporación Office Max, por un monto de $267.5 millones de dólares.
Por otra parte, numerosas compañías estadounidenses certificadas se han fragmentado o han sido absorbidas por otras empresas, y algunas han logrado negociar compensaciones o acuerdos con firmas extranjeras, como fue el caso de la compañía italiana STET que pactó una compensación con la telefónica ITT en 1997.
En la lista de compañías estadounidenses certificadas están además United Fruit Company, Texaco, Esso (hoy Exxon Mobil), Sinclair y 36 centrales azucareros, entre otras propiedades.
De ellas, solo Exxon Mobil mostró interés de demandar a entidades cubanas desde que Estados Unidos abrió esa pobilidad el pasado 12 de marzo, y procedió a presentar una acción legal este jueves, representada por el bufete Steptoe & Johnson, de Washington DC.
El título III permitirá que a las entidades certificadas hasta 1972 se sumen ahora los cubanos expropiados que se naturalizaron como estadounidenses, una opción que podría elevar hasta 200 mil las reclamaciones de propiedades incautadas.
"Los cubanoamericanos tienen el derecho a presentar sus demandas, pero el proceso de validación de sus propiedades será complicado", admitió Gutiérrez. El juez puede determinar un tasador especial para cumplir el reglamento de certificación, pero el acceso a documentación y requisitos asociados a la propiedad confiscada pudiera ser engorroso.
Una posibilidad sería que el Departamento de Justicia abriera nuevamente el proceso de certificación. Al hacer el anuncio de la implementación del título III, el pasado mes, la subsecretaria de Estado para Asuntos Hemisféricos, Kimberly Breier, no descartó la opción de autorizar un programa para certificaciones en beneficio de los cubanoamericanos, pero los expertos consideran que llevaría tiempo y esfuerzo avanzar la iniciativa a nivel de las estructuras gubernamentales.
El 95 por ciento de los bienes intervenidos por el régimen de Fidel Castro entre 1959 y 1968 era de propietarios cubanos
El 95 por ciento de los bienes intervenidos por el régimen de Fidel Castro entre 1959 y 1968 era de propietarios cubanos, grandes y pequeños. El valor total de las propiedades cubanas expropiadas se situaba en unos $150,000 millones dólares en 1960.
En la lista de posibles demandantes cubanoamericanos sin certificación de sus propiedades se encuentran:
- Familia Sánchez Hill. Jorge Latour Sánchez, descendiente de Rafael Lucas Sánchez Hill. Propietario de un terreno de 40 mil hectáreas en las playas Gibara y Yaraguanal, en Holguín. Preparan demandas contra las cadenas españolas Meliá (hoteles Sol Río de Luna y Mares, y Paradisus Río de Oro) y Blau (hoteles Costa Verde, y Playa Costa Verde). La familia está reconocida como dueña de esos terrenos por el Departamento de Estado y tiene ya presentado un caso contra Meliá en España.
- José Ramón López, hijo del antiguo presidente y principal accionista de Cubana de Aviación, José López Vilaboy, también dueño del aeropuerto de Rancho Boyeros en La Habana. Demandas contra compañías francesas Bouygues y Aeropuertos de París, que gestionan el Aeropuerto Internacional "José Martí", y contra aerolíneas que operan allí como LATAM (Chile) y Copa (Panamá).
- Familia Castillo-Pokorny, propietaria de la playa El Salado en La Habana, Zona Especial de Desarrollo del Mariel. En el lugar se planea un megaproyecto de campo de golf con participación del grupo español Globalia.
- Familia Gómez Mena, propietaria de la Manzana de Gómez, en el casco histórico de La Habana Vieja. Hotel Manzana Kempinski, gestionado por la cadena suiza Kempinski.
- Familia Carrillo Albornoz, propietaria de la destilería de Santa Cruz del Norte, Mayabeque, donde se elabora el ron Havana Club. Demanda contra la sociedad conjunta franco-cubana Pernod Ricard y Corporación Cuba-Ron.
- Familia Mata, propietaria del Hotel San Carlos en Cienfuegos, administrado por Meliá.
- Familias Carranza Bernal, Carbonell González y Blanco Rosell, propietarias de centrales azucareros en terrenos que ocupa hoy la Zona Especial de Desarrollo del Mariel.
- Familia Gutiérrez Castaño, propietaria de muelles en la bahía de Cienfuegos donde atracan cruceroS, y de una residencia en La Habana que ocupa la firma inglesa de seguros Lloyd's of London.
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