Un grupo de familias cubanas y venezolanas fueron desalojadas de la pensión donde vivían en Uruguay, luego de que fueran notificados de que habían sido estafados por la señora que les cobraba el alquiler de lo que consideraban su casa.
El pasado jueves 6 de junio les informaron que tenían 24 horas para desalojar la vivienda y las 34 familias comenzaron a empacar sus pertenencias, como han informado diferentes medios locales de prensa.
Los inquilinos debían pagar entre 226 y 508 dólares por las habitaciones que ocupaban, muchas de ellas sin baño ni cocina.
La señora, a quien le entregaban el dinero, no cumplía con el propietario del inmueble y desde el 2016 no efectuaba el pago del edificio.
Los cubanos y venezolanos que allí estaban hospedados desconocían esta situación y la noticia les tomó por sorpresa.
Entre todos los residentes vivían cuatro menores, los cuales deberán seguir la misma suerte que sus padres, así lo reseña el diario Ecos, de Uruguay.
“Cuando faltaba poco más de una hora para las 13, heladeras, colchones, roperos, juguetes, cuadros y garrafas, comenzaron a ocupar la vereda y parte de la calle. Entre todos fueron sacando sus pertenencias sin tener claro a dónde pasarían la noche”, añade el rotativo, que se hizo eco de la situación que vivieron estas familias.
Ante la situación de estas familias, diversos estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho lograron que se les asignara un hogar transitorio por 15 días. La ONG La Teja les dará acogida y allí estarán todos juntos.
Sin embargo, en estos sitios deberán estar separados por género lo cual, según declaró a El Observador la abogada Fabiana Porto, es “una vulneración más a sus derechos”.
El intendente de Montevideo, Christian Di Candia, escribió en su cuenta de Twitter un mensaje donde anunciaba la búsqueda de soluciones inmediatas para estas familias “y acompañarlas en este proceso”. A lo cual agregó “La especulación no puede ganarle al techo de las personas”.
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