Miles de cubanos emigrados en España verán reducidos el monto de sus jubilaciones mientras persista la renuencia del Gobierno de La Habana a suscribir un convenio bilateral que facilite el reconocimiento mutuo de los años laborales cotizados en cada país, según reveló un reporte oficial.
En respuesta a un cubano residente en España, el Defensor del Pueblo asegura en su informe anual de gestión (página 565), correspondiente a 2018, que el Gobierno cubano se niega a firmar el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, pese al reiterado interés del ejecutivo español en firmar dicho acuerdo con La Habana.
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El Defensor del Pueblo es una institución encargada de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas españolas y es designado por el Congreso de los Diputados.
El Gobierno cubano tiene en este tema un toro complicado de lidiar porque antes de tomar la decisión política de beneficiar a una parte de sus ciudadanos emigrados en España debe establecer bases de cálculos que determinen qué coberturas contempla una nómina en Cuba, cuántos años se necesitan tener cotizados para tener derecho a una pensión por jubilación y qué criterios seguir para los casos de invalidez permanente, parcial, accidente o enfermedad común.
Pero con ello no acabarían las cuitas cubanas, pues una vez definidos los criterios tendrá que fijar un valor monetario a cada año cotizado y en qué moneda hará esta valoración, pues el país padece la distorsión económica de la doble moneda en pesos cubanos (CUP) y pesos convertibles (CUC), y la firma del Tratado Multilateral e Iberoamericano de Seguridad Social obligaría a Cuba a fijar el monto y en qué moneda haría los pagos conveniados con España, entre otros requerimientos.
Además de un acto de justicia laboral, sería un guiño a los emigrados con años cotizados en Cuba y ahora residentes y cotizantes en estados iberoamericanos, particularmente en momentos que la élite gubernamental habla de tender puentes con la emigración y hasta se ha recordado que, desde 2014, los cubanos residentes en el extranjero pueden invertir en la isla.
Pero deberes y derechos han de ir juntos, sobre todo, en temas sensibles.
Por tanto, queda en el arbitrio del Gobierno de Cuba formar parte de esta normativa supranacional que favorecería a muchos trabajadores cubanos, aunque su firma vincularía indicadores económicos y parámetros establecidos a los que la isla tendría que dar respuesta y asumir con carácter retroactivo.
Además, corresponde al Estado nacional atender dichas prestaciones a los trabajadores afectados; es decir, que Cuba debe sufragar lo firmado.
La renuencia reiterada del Ejecutivo cubano
CiberCuba intentó obtener una reacción de la Embajada de Cuba en Madrid, pero el funcionario que respondió en la Oficina de Prensa cortó la comunicación sin contestar a nuestro requerimiento. La recepcionista de la Embajada y una funcionaria a la que pasaron la llamada por error fueron amables y buscaron al interlocutor adecuado.
Fueron infructuosos los intentos de contactar a un representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Cuba. La página web del organismo está en construcción y no ofrece la opción de contacto.
Una prueba del poco interés que despierta en el Gobierno cubano este tema de especial importancia para sus ciudadanos es el pronunciamiento de la experta Carmen Rosa González Leyva, quien ocupó el cargo de Gestor Integral Superior de Seguridad Social de Cuba y se pronunció sobre la conveniencia de firmar el Convenio Multilateral Iberoamericano.
“A decir verdad, todo el que regresa al país habiendo adquirido el derecho a la Seguridad Social recibe de inmediato su prestación, solo debe realizar los trámites establecidos y no habrá dificultad alguna. Sobre el convenio no tengo elementos para responder esta parte”, manifestó González Leyva con un criterio único y limitado en 2012 en una revista especializada.
La renuencia reiterada del Ejecutivo cubano a firmar este convenio contradice además su deseo de estimular la repatriación de jubilados cubanos desde Estados Unidos, Europa y otros lugares del mundo que podrían beneficiarse del poder adquisitivo que representan en Cuba sus pensiones, además de recuperar su antigua casa o comprar otra, los derechos a la atención sanitaria, y la cuota de alimentos a precios subsidiados que establece la libreta de racionamiento desde 1962, entre otras ventajas.
¿Vivir de la jubilación de Cuba en otro país?
El profesor y presidente de la agrupación Españoles de Cuba, Ferrán Núñez, considera que la respuesta del Defensor del Pueblo en su informe es clarísima: España no ha puesto ninguna traba, al contrario, ha insistido repetidamente para que Cuba lo firme. Sin que hasta ahora La Habana se haya dado por enterada.
“Parece incomprensible que, a estas alturas de la película, no exista un acuerdo que facilitaría la vida de miles de compatriotas que han salido de la isla por diversos motivos”, lamentó Núñez, quien identifica como razón poderosa de la negativa cubana que “el régimen de la Habana no tiene ningún interés en facilitar la vida de sus ciudadanos. Nunca la ha tenido, de hecho”.
El profesor Núñez considera que la firma de este convenio pondría en tela de juicio el sistema de Seguridad Social cubano, ya que las jubilaciones que La Habana paga no pasan, en el mejor de los casos, de 30 euros mensuales (unos $35 dólares).
“Una cosa es vivir de ese dinero en Cuba, avisa el presidente de Españoles de Cuba, y otra muy distinta hacerlo en un país civilizado del primer mundo. Ese compromiso, una vez firmado, “expondría a la luz del sol, de manera inapelable, las vergüenzas de un sistema incapaz de garantizar a su pueblo el bienestar que prometió”.
El reciente anuncio de aumentos salariales en Cuba por parte del gobernante Miguel Díaz-Canel no incluyó las jubilaciones. La pensión mínima se mantiene en 242 pesos mensuales (unos $10 dólares).
Para el director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Alejandro González Raga, la negativa gubernamental a firmar el convenio multilateral iberoamericano de Seguridad Social es una prueba fehaciente del trato que dispensa el Gobierno cubano a los emigrados, a quienes considera puede expoliar a su antojo.
“Firmar el convenio compromete una cifra importante de recursos que el Gobierno cubano no está dispuesto a entregar”, dijo González Raga. “El Gobierno cubano sigue instalado en la práctica arbitraria de despojar de derechos a los que nos hemos visto obligados a emigrar y no hace distingos, pues su negativa también afecta a cubanos que viven en el extranjero pero siguen apoyando lo que ellos llaman la revolución”.
La Plataforma por la Jubilación de Cubanos en España declinó responder a CiberCuba, alegando que no posee elementos para valorar la negativa cubana, según comentó uno de sus portavoces, Antonio Moya Mirabal. La organización agrupa a más de cinco mil emigrados interesados en conseguir que el Estado español reconozca los años cotizados en Cuba.
Gustavo de la Torre, presidente de la Federación de Cubanos Residentes en España (FACRE), reconoció la importancia del tema, pero manifestó que los estatutos de su agrupación le impiden pronunciarse hasta tanto el tema no se debata internamente entre sus miembros.
Por su parte, Ángel Raúl Pérez Gavilán, portavoz de la Mesa de Unidad Cubana (MUC), opinó que el Gobierno cubano carece de voluntad para beneficiar a los cubanos, aunque sea un grupo minoritario de los que viven en España con derecho a jubilación en la isla.
La MUC ha participado en algunas reuniones promovidas por la Plataforma por la Jubilación de Cubanos en España, en las que constató que no basta la voluntad de los cubanos afectados por la negativa del Gobierno de la isla para resolver una situación injusta.
Pérez Gavilán reconoció que sería un gran éxito si la plataforma consiguiera persuadir al ejecutivo español de adoptar una decisión unilateral, que ve complicada por la naturaleza del tema.
Consideraciones en relación al ámbito y aplicación del Convenio Multilateral
Por Janet Bellechasse Samá, jurista cubano-española. Miembro del Bufete Especializado Gestión Inteligente de Conflictos y de Hispajuris.
El convenio expone una norma aplicable a los nacionales de cualquier estado miembro que lo haya suscrito, así como a sus familiares y derechohabientes.
Se refiere, por tanto, a los trabajadores por cuenta ajena, trabajadores por cuenta propia, funcionarios, estudiantes, jubilados y personas no activas, que contarían con la protección aplicable a todos los ámbitos de la Seguridad Social (enfermedad, maternidad, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, prestaciones de invalidez, subsidios de desempleo, prestaciones familiares, prestaciones de jubilación y de jubilación anticipada, y subsidios de defunción) que les resulte de aplicación.
Su fundamento radica en la garantía y la preservación de los derechos de Seguridad Social de quienes presentan períodos de cotización, empleo o seguro, en dos o más países; pudiendo cobrar su pensión, o tener cobertura social en aquel país en el que se jubilen.
España ratificó el Convenio con fecha de 5 de febrero de 2010 y, según indica su articulo 30, depositó el instrumento de ratificación el 12 de febrero de 2010 ante la Secretaría General Iberoamericana a través de la OISS. Posteriormente, con fecha de 13 de octubre de 2010, con la intención de beneficiar a los trabajadores migrantes y sus familias, España firmó el Acuerdo de Aplicación del Convenio ante el Secretario General de la OISS y el representante del Secretario General Iberoamericano. En la actualidad cuenta con 11 países latinoamericanos que han suscrito dicha disposición.
El convenio conlleva una aplicación real que no hay que perder de vista, y es que depende de las administraciones del Estado a los que se aplica su vinculación, tratándose de una coincidencia de voluntades que habrá que adecuar a sus reglas de actuación o las propias disposiciones de Seguridad Social, con el objetivo de establecer una puesta en común de los países miembros.
Cabe destacar que, al no existir una comunidad iberoamericana como entidad jurídica, sus disposiciones no son vinculantes como ocurre con la Unión Europea, cuyas directivas supeditan de inmediato a los estados miembros que deben incorporarla al ordenamiento jurídico de cada nación miembro. Esta condición facilita que la decisión de formar parte del convenio queda a disposición de los Estados que interesen formar parte del mismo.
Su naturaleza supone acciones dirigidas a la cooperación transfronteriza en el ámbito de la coordinación de los sistemas de seguridad social intervinientes, con respeto a la norma nacional. Cooperación que conlleva la colaboración activa del sistema de seguridad social nacional aplicado a las siguientes prestaciones:
- Prestaciones económicas de invalidez
- Prestaciones económicas de vejez
- Prestaciones económicas de supervivencia
- Prestaciones económicas de accidente de trabajo y de enfermedad profesional
Para ser beneficiario de este derecho se deben sumar los períodos de cotización, seguro o empleo estimados en cualquier Estado parte, siempre que dichos períodos no supongan una inadecuación con la legislación nacional. Se trata, en definitiva, de salvaguardar un derecho adquirido en materia de seguridad social y ser parte de un convenio social que sustenta una visión humanista, teniendo en cuenta la aplicación de políticas internacionales y de coordinación de carácter social que comprendan continuamente la progresión y nunca el menoscabo de los derechos de las personas.
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