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Algunos días después de que el designado gobernante cubano Miguel Díaz-Canel anunciara un aumento salarial en la isla, e insistiera en la necesidad de evitar las tendencias inflacionarias, ya el Gobierno de la provincia de Villa Clara se ha visto en la necesidad de adoptar medidas contra la escalada de precios que caracteriza el panorama socioeconómico de este territorio.
El alto costo de la vida no solo se manifiesta ahora mismo en esferas como la del transporte particular de pasajeros, los alimentos o los materiales de la construcción, sino incluso en el comercio informal de medicamentos, un mercado que se ha disparado en los últimos tiempos a partir del insuficiente suministro de fármacos en las boticas cubanas.
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Para que se tenga una idea más cabal del asunto, basta señalar que si antes un almendrón cobraba 40 pesos para trasladar a un pasajero entre Santa Clara y Caibarién ahora mismo cobra 70 u 80 pesos. Una libra de bistec de cerdo se consigue a 75 CUP y un saco de cemento ronda los 12 CUC. Un blíster de alprazolam se paga en Santa Clara a 80 pesos, lo que equivale a 2 pesos por tableta.
Si bien el Gobierno de la provincia no se había dado por enterado de esa realidad hasta el momento, tras las recientes palabras de Díaz Canel, referentes a evitar una ola inflacionaria en el país, se ha creado un grupo de trabajo con el objetivo de frenar las tendencias alcistas; como si ya no bastara con los órganos inspectivos, judiciales y hasta policiales existentes para hacer cumplir lo dispuesto por la ley.
“Comisión de monitoreo, enfrentamiento y respuesta rápida a las denuncias del pueblo”, así se nombra el nuevo engendro burocrático que pretende poner al pueblo a hacer lo que a otros les toca y no hacen. Un grupo de trabajo que supuestamente fiscalizará, controlará y hasta sancionará a aquellos que medren a despecho de las necesidades ciudadanas, siempre que los propios ciudadanos lo denuncien por vía telefónica.
La radio santaclareña CMHW, dio a conocer la habilitación del número 42 291195 para que la población denuncie todos los abusos y excesos por parte de los infractores. A Esperanza González Barceló, vicepresidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular no le quedó otra alternativa que reconocer que esta comisión vendrá a suplir el mal trabajo de los inspectores y las diferentes administraciones sectoriales, que no logran detectar y erradicar las violaciones y abusos.
Mientras el Gobierno proclama que hará todo lo posible por evitar un aumento de los precios en los alimentos y productos de primera necesidad, esa directriz no se corresponde con algunos hechos recientes.
Hace solo unos días se denunció por la propia emisora de radio la alteración injustificada del precio del refresco Amaro, producido y comercializado por entidades estatales. No cesan las críticas y cuestionamientos a la venta en las bodegas cubanas de pescado a 20 pesos la libra; el mismo jurel que anteriormente se asignaba por la libreta de abastecimiento, y que ahora de repente tiene un precio que emula con el de los pescadores particulares.
Por si fuera poco, en tiendas como la TRD La Reina, ubicada en el boulevard santaclareño, se les ha alterado el precio a algunas latas de sardinas, que antes se comercializaban a 1.70 CUC, y de la noche a la mañana sufrieron un aumento de 25 centavos, sin que los dependientes puedan explicar a qué se debe el encarecimiento.
Mientras las autoridades gubernamentales hablan de retirar licencias a trabajadores por cuenta propia, de multas y hasta de privación de libertad, no dicen cómo procederán ante sus propios desvaríos. ¿Hay sobreprecios buenos y sobreprecios malos? ¿Servirá el nuevo número telefónico para entender el doble rasero gubernamental? ¿Tendrá sentido comunicarle al Gobierno sus propios sinsentidos?
Mientras tanto suben los precios en Villa Clara, y para frenarlo las autoridades políticas no pueden hacer otra cosa que lo único que saben hacer: responder con más burocracia.
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