La Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía (Onure) en Sancti Spíritus estima en casi 23.700 litros las afectaciones económicas este año por el desvío de combustible.
Abel Matos Trimiño, director de Fiscalización de la entidad en el territorio, reveló al periódico Escambray que en 2018 se inspeccionaron de manera programada 48 empresas; de ellas, ocho obtuvieron la calificación de deficiente.
Hasta mayo de 2019 se han investigado 66 entidades, y se han encontrado problemas en 13.
Una de ellas es la UEB Productos Lácteos Sancti Spíritus, conocida popularmente como Pasteurizadora. Un operativo sorpresivo realizado en febrero en la fábrica, perteneciente a la Empresa de Productos Lácteos Río Zaza, permitió la ocupación de 350 litros por la policía.
Como resultado, siete trabajadores fueron expulsados y ahora están en prisión provisional esperando el correspondiente juicio, acusados de apropiación indebida y receptación. También fueron sancionados de forma administrativa el director de la UEB y el encargado de las acciones de mantenimiento.
Otra de las auditadas fue Tranzmec, de la industria azucarera, donde los inspectores hallaron varios chips falsificados. “Se cargaron a determinados equipos que nunca lo hicieron ni fueron al servicentro”, explicó Matos Trimiño.
En algunos lugares, como en la UEB Ferrocarriles Sancti Spíritus, se detectó incluso la presencia de agua en el combustible.
“Para los ferrocarriles en el país se montó un procedimiento específico, que lo siguen violando en la UEB de aquí”, criticó el especialista.
En su opinión, hay un excesivo descontrol de los portadores energéticos, que ha posibilitado el desvío en organismos estatales.
Por estos y otros hechos se han radicado hasta junio 17 causas vinculadas al combustible, en los municipios de Sancti Spíritus, Jatibonico, Cabaiguán y Trinidad, fundamentalmente por los delitos de receptación, apropiación indebida, actividad económica ilícita, hurto y acaparamiento.
El semanario Escambray no hizo referencia a los altos precios del petróleo en el mercado minorista del país, lo cual, sumado a que Cuba no es capaz de abastecerse con el crudo que produce, influye en la existencia de un mercado negro del cual se benefician no solo los trabajadores del sector.
El propio gobernante Miguel Díaz-Canel se ha referido al tema, y ha dicho que es “inadmisible” el robo de combustible de empresas estatales por parte de sus empleados, en un país que gasta anualmente más de 3.000 millones de dólares en la compra del líquido.
En septiembre de 2108 se aprobaron medidas para controlar el fenómeno, entre las que figuran el decomiso de autos y la personalización de las tarjetas magnéticas que las empresas estatales usan para abastecerse.
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