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La compañía de cruceros Carnival sufrió una segunda derrota judicial en sus intentos por sortear la demanda de una familia estadounidense que reclama compensación por el uso sus propiedades confiscadas en el puerto de La Habana hace seis décadas.
En un dictamen de nueve páginas, la jueza federal Beth Bloom rechazó una petición de Carnival para desestimar el reclamo legal interpuesto en un tribunal de Miami por Mickael Behn, integrante de la familia dueña de Havana Docks Corporation.
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El fallo de Bloom, fechado el 27 de agosto, se conoció poco después de que el juez federal James L. King rechazara una moción similar de la misma empresa de viajes para cancelar la demanda del cubanoamericano Javier García-Bengochea al amparo de la Ley Helms-Burton. García-Bengochea es descendiente de los legítmos propietarios de La Marítima Parreño, un negocio familiar que estuvo en posesión del muelle principal de Santiago de Cuba.
Coincidiendo con García-Bengochea, la familia Behn presentó su demanda contra Carnival el pasado 2 de mayo, fecha en que el gobierno de Estados Unidos activó el Título III de la Ley Helms-Burton. Los representantes legales de Carnival pidieron desestimar ambos litigios mediante sendas mociones interpuestas el 30 de mayo.
Utilizando un patrón de jurisprudencia coincidente con las deliberaciones de King, la jueza Bloom enfatizó que la Ley Helms-Burton establece claramente que "cualquier persona que trafique con bienes confiscados por el gobierno cubano será responsable ante cualquier propietario estadounidense por la reclamación de dichos bienes", y concluyó que la legislación no hace ninguna distinción respecto a la necesidad de que la acción de traficar ocurra mientras una de las partes tenga interés en la propiedad en cuestión.
"El tribunal está de acuerdo con el demandante en que Carnival confunde una reclamación con una propiedad y un interés de propiedad. Por consiguiente, este tribunal considera que la demanda alega suficientemente que el demandante [Havana Docks] es propietario de una reclamación sobre la propiedad en cuestión", escribió Bloom, que fue nombrada por Barack Obama en 2014.
La activación del Título III de la legislación estadounidense, aprobada en 1996, permite a ciudadanos estadounidenses presentar reclamos de compensación a compañías o ciudadanos extranjeros y de Estados Unidos que trafiquen u obtengan beneficios comerciales de propiedades incautadas después de 1959.
La compañía Havana Docks ocupaba una importante zona de operaciones en el puerto de La Habana, con tres muelles y varios edificios que le fueron expropiados el 24 de octubre de 1960.
La moción de Carnival había argumentado que incluso si el demandante justificara adecuadamente el tráfico de bienes, su reclamo sería impropio, pues el uso que la corporación hizo de la propiedad incautada fue "incidental" o "necesario" para cumplir un viaje legal, autorizado por el Departamento del Tesoro.
Carnival comenzó a viajar a Cuba en el 2016, tras la flexibilización decretada por la administración de Barack Obama para las visitas de estadounidenses, con desembarcos regulares en las terminales portuarias de La Habana y Santiago de Cuba. El hecho de que las operaciones de viaje tuvieron el visto bueno gubernamental pudiera ser considerado como una atenuante de excepción en el caso.
Pero por el momento, la jueza cerró las puertas a la desestimación solicitada por Carnival.
"Aunque es muy posible que la conducta de Carnival esté dentro del alcance de la excepción, tal argumento no es apropiado en esta etapa del litigio", dictaminó Bloom.
El tribunal dio de plazo hasta este viernes 6 de septiembre para que Carnival responda la demanda de Havana Docks.
Aunque Carnival cuenta aún con opciones para nuevas mociones en el proceso de presentación de evidencias, las dos derrotas consecutivas de la compañía en sus primeros contragolpes legales despejan el escenario para encaminar los juicios en ambas querellas.
Los abogados de Carnival declinaron comentar a CiberCuba sobre el dictamen de Bloom o las próximas alternativas para enfrentar el litigio.
Pero Carnival no es la única línea de cruceros que encara pleitos amparados en la Ley Helms-Burton.
Tras conocerse el rechazo de las mociones de Carnival, Havana Docks Corporation sumó otras tres demandas contra las compañías MSC Cruises, Royal Caribbean Cruises y Norwegian Cruise Line Holdings por el uso de instalaciones del puerto de La Habana, mientras que García-Bengochea agregó sendas reclamaciones contra Royal Caribbean Cruises y Norwegian Cruise Line Holdings por sus recientes operaciones en los muelles de Santiago de Cuba.
Tras los dictámenes de los jueces King y Bloom, todo apunta a que las restantes compañías de cruceros probablemente pierdan cualquier moción de desestimación de los casos.
Esta semana, las noticias no fueron tan halagüeñas para otra familia cubanoamericana que reclama una compensación de $11.3 millones de dólares ante un tribunal de Palma de Mallorca, España, por sus propiedades utilizadas en el oriente de Cuba por la hotelera española Meliá.
Una jueza española desestimó la demanda presentada por los descendientes del empresario Rafael Lucas Sánchez Hill contra Meliá Hoteles Internacional por la explotación de dos hoteles, Paradisus Río de Oro y Sol Río y Luna Mares, en terrenos que fueron expropiados tras el triunfo de la revolución de Fidel Castro en 1959.
Aunque la acción legal de los Sánchez Hill fue presentada apenas semanas después de la activación del Título III de la Ley Helms-Burton, el reclamo no se sustenta en la legislación estadounidense sino el Código Civil español.
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