Un juez federal de Brasilia absolvió este miércoles a los expresidentes brasileños Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff del delito de asociación para delinquir, dos meses después de que la Fiscalía solicitara su absolución sumaria, tras admitir que no habían elementos que probaran la existencia de una organización criminal.
“La denuncia no cuenta con los elementos demostrativos del delito de asociación para delinquir ni permite concluir, ni siquiera en tesis, que existía una asociación de cuatro o más personas estructuralmente ordenada, con división de tareas, alguna forma de jerarquía o estabilidad”, sostiene la sentencia.
La misma también beneficia a los dos exministros y un antiguo tesorero que ejercieron durante varios gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT).
Los cinco fueron acusados en 2017de haber formado parte de un grupo criminal para desviar recursos de la empresa petrolera Petrobras y de otras estatales, para supuestamente financiar las campañas electorales del partido.
El entonces Fiscal General, Rodrigo Janot, culpó a Lula y Rousseff de integrar una red para recaudar sobornos por un valor de 1.480 millones de reales (unos 352,4 millones de dólares), entre 2002 y 2016.
Sin embargo, la sentencia de este miércoles dictada por el magistrado Marcus Vinicius Reis Bastos, sostiene que el proceso solamente buscaba “criminalizar la actividad política”.
Este es solo uno de los varios cargos por corrupción que enfrentan altos dirigentes del PT en Brasil.
El pasado 28 de noviembre Lula da Silva fue condenado a 17 años, un mes y 10 días en prisión, por los delitos de corrupción pasiva y blanqueo de capitales. El tribunal dictaminó que el expresidente se benefició de unas obras constructivas, valoradas en cerca de un millón de reales (unos 236.000 dólares) y ejecutadas por las empresas Odebrecht y OAS, a cambio de favorecerlas en contratos con la estatal Petrobras.
El líder popular había salido días antes de la cárcel en la que estaba detenido, en la sureña ciudad de Curitiba, poco después de que un juez ordenara su liberación, tras perder el recurso de apelación que había presentado.
El exdirigente sindical fue encarcelado en 2018 con una sanción de ocho años y diez meses, tras haber sido declarado culpable de aceptar sobornos de empresas de ingeniería a cambio de contratos con el gobierno. Siempre alegó inocencia y dijo que el caso en su contra tenía motivaciones políticas.
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