La etapa número 69 de la operación anticorrupción Lava Jato tocó este martes las puertas de Fábio Luís Lula da Silva, hijo del expresidente Luís Inácio Lula da Silva: Lulinha, como se le conoce, es investigado por pagos “sospechosos” realizados por gigantes de las telecomunicaciones a empresas vinculadas a su nombre, principalmente, durante los años de gobierno de su padre.
Este martes, más de 200 agentes, entre policías y fiscales, realizaron 47 registros en propiedades de nueve personas y 21 empresas, como parte de la nueva operación policiaca denominada “Mapa de la Mina”.
Los agentes investigan el periodo entre 2004 y 2014, cuando las compañías Oi y Vivo (marca usada por la española Telefónica en Brasil) transfirieron aproximadamente 66 y 13 millones de dólares, respectivamente, a las empresas de Lulinha y sus socios, los empresarios Jonas Suassuna y Fernando y Kalil Bittar – hijos de otro político y amigo íntimo de Lula desde los años 70.
La policía llegó a solicitar prisión preventiva del hijo de Lula y sus socios para impedir la destrucción de pruebas, pero la jueza Gabriela Hardt negó el pedido. Se trata de la misma jueza federal que condenó a Lula a más de 12 de años de prisión por corrupción en el caso de la finca en Atibaia, interior de São Paulo.
Un fenómeno de la tecnología
Lulinha es graduado en ciencias biológicas y antes de unirse a los hermanos Bittar, en 2004, para crear la empresa de juegos electrónicos GameCorp trabajaba como monitor del Zoológico de la ciudad de São Paulo, por un sueldo de poco más de 200 dólares mensuales.
Al año siguiente, la Oi, entonces un concesionario público de telecomunicaciones llamado Telemar, “apostó” por la joven empresa invirtiendo cerca de 1,7 millón de dólares. En 2006, la inyección de capital se repitió, cuando Gamecorp cerró un contrato con el canal 21 de la Red Bandeirantes de Televisión para alquiler de seis horas de programación diaria. Dirigido a los gamers, el espacio llamado PlayTV tuvo un pago adelantado de cerca de 3,5 millones de dólares por concepto de publicidad de la Oi.
La policía sospecha que estas y otras inversiones a favor de los negocios de Lulinha y las empresas de sus socios guardan relación con intereses de expansión de las compañías de telecomunicaciones. El sector se encontraba en franca evolución tras las privatizaciones de una década atrás y la popularización de la telefonía móvil, pero aún bajo reglamentación estricta del estado, a través de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, cuyo presidente, vale recordar, era nombrado por Lula.
La compañía Oi había lanzado una oferta de control de BrasilTelecom para conformar una superempresa de más de 50 millones de clientes, pero una norma vigente impedía formalizar la fusión. Sin embargo, a finales de 2008, un decreto presidencial derrumbó las barreras existentes.
La policía y los fiscales sostienen que las transferencias de estas compañías a las empresas vinculadas a Lulinha no tienen fundamento económico y sospechan que se trata de contratos comerciales de fachada para justificar beneficios concedidos a la familia presidencial.
La operación señala proyectos con abultadas contribuciones y resultados comerciales ridículos. Es el caso de la Biblia grabada por un aclamado locutor de televisión para Goal Discos, de propiedad de Suassuna, que recibió una inversión de más de 5 millones de dólares de la Oi y cuyas ventas no pasaron de 7 mil dólares, de acuerdo con el diario Folha de Sao Paulo. Durante años, la empresa también invirtió millones en un deficitario sitio web llamado Portal de la Biblia, de la misma empresa de Suassuna.
La compañía Vivo, por su parte, contrató entre 2011 y 2016 el servicio Nube de Libros, de la editorial Gol del mismo empresario, por cerca de 12 millones de dólares sin que se reporte un resultado condicente con la inversión.
Quien tiene un amigo...
De acuerdo con la policía, el dinero inyectado a las empresas del amigo de Lulinha llegaba a la familia da Silva de diversas maneras.
Hay evidencias de que Suassuna pagó durante un periodo de tiempo el alquiler de una casa donde vivió Lulinha y más tarde invirtió más de un millón de dólares en la compra y reforma de un apartamento de lujo en São Paulo, para luego presuntamente alquilárselo al amigo.
Suassuna y Fernando Bittar son también los propietarios, al menos en el papel, de los terrenos que componen el rancho Santa Bárbara, de Atibaia. El mismo que más tarde cedieron gentilmente al expresidente Lula para sus retiros, no sin antes pasar por una millonaria ampliación y reforma, pagadas por las constructoras OAS y Odebrecht, que le costaron a Lula su segunda condena por corrupción.
Enriquecimiento meteórico
Lo cierto es que, todo el talento emprendedor del clan Lula da Silva afloró justo en los años en que Lula reinaba en la política nacional.
El enriquecimiento meteórico de Lulinha, así como de los otros hijos del exsindicalista, durante los gobiernos Lula (2003-2010) y Dilma Rousseff (2010-2015) siempre fue motivo de suspicacias desde la prensa. Cuestionado sobre esto, el exmandatario llegó a afirmar en entrevistas que había mucha gente con envidia del éxito de su hijo y lo definió como una especie de “Ronaldinho” de los negocios.
Lulinha, de 44 años, es el mayor de los tres hijos del matrimonio de Lula con la ex primera dama Marisa Leticia, fallecida en 2010. Lula tiene además una hija de una relación anterior y un hijo - Marcos Claúdio Lula da Silva- del matrimonio anterior de su esposa, adoptado por el expresidente desde niño.
Precisamente Marcos Cláudio es el autor de un correo electrónico presentado por la operación Mapa de la Mina donde pide a Suassuna borrar siempre los correos que guarden relación con el gobierno. La policía interpreta el documento como una prueba de que el grupo utilizaba “la máquina pública para alcanzar objetivos personales”.
“Descarte siempre e-mails que citen al gobierno o algún tipo de cercanía con este, además de correspondencias sobre temas personales y sigilosos, manteniendo los datos en la mente o en códigos”, dice el mensaje enviado el 12 de diciembre de 2008.
Según revela la publicación digital Crusoé, el pedido de Marcos Claudio salta a raíz de conversaciones que este sostenía con Suassuna para crear un banco llamado Banca. En los mensajes intercambiados, ambos llegan a citar al empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, fundador del Grupo Salinas y dueño de TV Azteca entre otras compañías, como un posible socio en el negocio. Para llegar a Salinas, pretendían usar a personas influyentes en el gobierno Lula, asegura la publicación.
Sobre Lula da Silva pesan actualmente dos condenas por corrupción, una de 12 y otra de 17 años de cárcel, mientras al menos otras seis acusaciones aún tramitan en tribunales
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