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La ONG Cuban Prisoners Defenders reveló este lunes que 127.800 cubanos cumplen condenas en la isla, de ellos 90.300 en prisiones.
El informe, presentado en rueda de prensa en Madrid por Javier Larrondo, presidente de esta ONG, recoge que en el país hay 37.500 condenados sin internamiento carcelario, al cierre del primer semestre de 2019.
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Las cifras recopiladas por Prisoners Defenders eleva las hechas públicas por el medio oficialista Granma en 2012, cuando señaló que habían 57.336 en prisión. En marzo de 2019 esta ONG aseguró que en la Isla había más de 100.000 presos.
Si Cuba ocupaba el sexto puesto entre los países con mayor población carcelaria, 510 por cada 100.000 habitantes; ahora sería el primero con 794 reclusos por 100.000 residentes, incluso por delante de Estados Unidos, aseguró esa ONG.
De momento, el Institute for Criminal Policy Research (ICPR) mantiene los datos dados por el régimen cubano.
Según el presidente de Cuban Prisoners Defenders, este informe se elaboró a partir de "documentación interna del régimen que he remitido a enlaces diplomáticos y está contrastada e indubitada".
La ONG señala que en Cuba se realizan cada año más de 32.000 causas penales, de las cuales resultan culpables del 93 al 95% de unas 35.000 a 40.000 personas presentadas ante sede judicial, unos 32.000 y 37.000 ciudadanos, agrega el citado medio.
El 69% de los culpables cumplen sanciones de privación de libertad: entre 22.000 y 25.500 personas obtendrán sanciones de prisión o de trabajo correccional en establecimiento penitenciario, detalla.
Además, unos 11.000 ciudadanos fueron condenados en el último año por conductas pre-delictivas, en su mayoría por "la represión de derechos de opinión y la arbitrariedad por prejuicios y sin delito, es algo tristísimo. Son 11.000 familias afectadas cada año, con familiares con penas de 1 a 4 años, sin que hayan cometido delito alguno, donde la pena media es de más de 2 años de prisión", señaló en rueda de prensa en Madrid.
"8.400 directamente (están) entre rejas como ahora conocemos con exactitud, y que confirman los documentos internos contrastados con la documentación oficial", especificó.
Cuban Prisoners Defenders reiteró también que "ni los indultados presidencialmente cada año para abaratar los costes de prisión (drenaje carcelario), entre 2.000 y 3.000 anuales, ni los que obtienen medidas diferentes a las de encarcelación, afectan en igual grado a los presos políticos o a los desafectos con la "revolución" que a los presos comunes".
Edel González Jiménez, ex fiscal provincial de Villa Clara y exiliado en Ecuador, compareció en la rueda de prensa y aseguró que Cuba padece un incremento de la represión desde 2018 y 2019.
"Tengo mucho miedo sobre el futuro. Todos los días los cubanos enfrentan más miedo. No quiero sangre en las calles de Cuba, no quiero estas cárceles. Pero decidí: Basta de cobardía", señaló González Jiménez en su comparecencia ante los medios de comunicación en Madrid, donde varias veces estuvo a punto de romper a llorar.
Unas 4.000 personas son acusadas cada año de ser "antisociales" o "peligrosas", una terminología que utiliza el régimen cubano para encarcelar a las personas que representan un riesgo para el statu quo, sin haber cometido un delito, subrayan los informes de la ONG presentados este lunes en la capital española.
Por su parte, la esposa del activista Mitzael Díaz Paseiro, quien cumple tres años y medio por "peligrosidad", una figura legal cubana muy cuestionada por la comunidad internacional, apuntó que el tribunal que lo juzgó estuvo "completamente militarizado".
"La corte en Cuba está manipulada por la dictadura. No tienes la oportunidad de defenderte de ninguna manera contra lo que dicen", dijo Arianna López Roque, de 29 años.
Cuban Prisoners Defenders puso a disposición de los medios de comunicación, expertos y público en general datos de su investigación que pueden consultarse en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1NPiuIpnfSNHruLmO1EoUHefgM6hXUOwF
En la rueda de prensa de este lunes en Madrid, acompañaron a Javier Larrondo, los eurodiputados españoles Javier Nart y Leopoldo López, que también es opositor al régimen chavista.
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