La actriz cubana Susana Pérez, quien reside en Miami desde hace varios años, se sumó al cacerolazo convocado por el presentador Alex Otaola para exigir que cese el hostigamiento a los periodistas independientes en Cuba y se derogue el Decreto Ley 370.
Susana publicó una imagen en su perfil de Instagram –donde se identifica como ladivaperez52–, en la que se ve mostrando un papel con las frases: No al 370, Yo no pago la 370, Informar no es delito y La internet es de todos.
“Está claro, no hay nada que explicar”, comentó la artista junto a la fotografía.
No contenta con ese mensaje, publicó además un breve video en el que hace sonar una cazuela mientras detalla contra qué se manifiesta.
“Alex, aquí, en mi casa, cumpliendo la cuarentena. Pero mira, cacerolazo contra la corrupción, la miseria y el hambre en Cuba, y el abuso de las autoridades. Aquí, dando mi cacerolazo”, afirmó.
En los últimos días las redes sociales se han llenado de reclamaciones al gobierno cubano para que derogue el Decreto Ley 370, el cual posibilita a las autoridades sancionar a cualquier cubano por lo que publique en su perfil personal en Twitter, Facebook, Instagram u otra plataforma de Internet.
La iniciativa lanzada por Otaola y respaldada por el YouTuber Luis Mario Guerrero “Ultrack” y la publicación El Kilo, llamó a los residentes en Cuba a hacer sonar las cazuelas contra el régimen el pasado miércoles a las 9:00 pm, justo a la misma hora en que se escuchan los aplausos de homenaje al personal médico que lucha contra el coronavirus.
La idea nació luego de que la policía citara y multara con 3.000 pesos a la periodista independiente Mónica Baró, bajo el amparo del 370.
El Decreto Ley 370 “Sobre la Informatización de la Sociedad en Cuba” fue firmado por el gobernante Miguel Díaz-Canel en 2018, pero no se publicó en la Gaceta Oficial hasta el 4 de julio de 2019.
La citada norma jurídica, calificada por muchos como la Ley Mordaza cubana, constituye un atentado contra la libertad de expresión, y ha sido utilizada para justificar la persecución contra periodistas independientes y otros miembros de la sociedad civil en la isla.
Concretamente el artículo 68, en su inciso i, establece que cualquier ciudadano puede ser sancionado por “difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”.
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