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Una protesta de reclusos del Centro Penitenciario de la Región Andina en San Juan de Lagunillas, estado de Mérida, sembró la alerta en Venezuela luego de que otro motín la semana pasada dejara un saldo de 47 muertos.
La ONG Ventana a la Libertad publicó en su cuenta en Twitter que en la tarde de este sábado los detenidos en esa instalación comenzaron a exigir alimentos y secuestraron a dos custodios.
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Según esa organización, los guardias lanzaron bombas lacrimógenas cuando "los presos subieron al techo con dos custodios como rehenes y tomaron la parte administrativa".
Familiares de los privados de libertad aseguraron que "están pasando hambre, no reciben atención médica y no tienen celeridad procesal", explicó el Observatorio Venezolano de Prisiones.
Asimismo, dijeron que temen que la situación empeore y las autoridades tomen represalias contra los internos, tal como ocurrió la semana pasada en la cárcel de Guanare, donde fueron masacrados 47 prisioneros.
Los presos también solicitan noticias de sus familiares, a quienes no ven desde el inicio de la cuarentena decretada por el régimen de Nicolás Maduro el pasado 16 de marzo para evitar la propagación del coronavirus.
Las medidas de aislamiento han impedido que muchas familias, principales proveedoras de comida en las prisiones, puedan visitar y llevar alimentos a sus reclusos, lo que ha vuelto la situación insostenible dentro de las penitenciarías.
Además, las dificultades de movilidad que hay en el país por la falta de gasolina y las restricciones de circulación de vehículos impuestas por el gobierno de Maduro también han afectado la distribución de alimentos y de recursos destinados a los penales.
Aparte de hambre y falta de atención médica, los detenidos en el Centro Penitenciario de la Región Andina se mantienen hacinados en una instalación con capacidad para 750 personas, pero que actualmente alberga a 1.200.
Tras los sucesos de Guanare, la Organización de Naciones Unidas (ONU), varias ONGs y grupos opositores al régimen chavista exigieron una investigación de la masacre.
La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió al gobierno, a través de su cuenta oficial de Twitter, "investigar, resolver el hacinamiento y garantizar derechos básicos" de los prisioneros.
En tanto, Beatriz Girón, presidenta del no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones, puso en duda la versión oficialista sobre los hechos (que alegó se trataba de un intento de fuga), y argumentó "es como difícil creer que a la 1 de la tarde, a plena luz del día se vayan a escapar los presos por la puerta principal".
Agregó que hay al menos otras dos hipótesis sobre lo ocurrido. La primera explica que el motín pudo comenzar cuando algunos reclusos protestaban exigiendo el ingreso de la comida que le llevaban sus familiares, denunciando que algunos guardias se quedan con los alimentos.
La segunda, que un jefe entre los reclusos ordenó un motín por la muerte a fines de abril de uno de sus colaboradores fuera de la prisión.
Trascendió, además, la denuncia de algunos parientes de las víctimas de Guanare, quienes aseguran que el gobierno les quiere cobrar 500 dólares por el servicio funerario de cada uno de los fallecidos.
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