La policía decomisó, en La Habana, cientos de piezas de repuesto de automóviles y más de un millón de pesos -en diferentes monedas- a un trabajador por cuenta propia del Cotorro, informó un reporte del Noticiero de la Televisión Cubana.
El Rey de la Mecánica, como se le comenzó a decir al pequeño empresario cubano en su pueblo y en las redes sociales, dijo ante las cámaras de la televisión que no oculta nada, mientras que la policía asegura que no habría podido demostrar la legalidad y procedencia de todos los repuestos decomisados.
Oficiales del Ministerio del Interior aseguraron a la televisión estatal que algunas piezas se importaron al país a través de la Aduana, otras fueron compradas en Revolico y que el pequeño empresario también hacía de intermediario en la compra-venta de piezas y complementos para vehículos entre sus clientes.
Los inspectores y la policía calificaron como "delito que el cuentapropista no realice las reparaciones de los vehículos en el lugar donde almacenan las piezas", pero el acusado dijo que esa labor la hacen en un taller, ubicado en sitio distinto al almacén.
Los juicios públicos en los medios de comunicación cubanos son comunes en estos tiempos de coronavirus, algo que juristas, activistas y defensores de los derechos humanos de la isla califican de inconstitucional porque se viola el Articulo 94, inciso C de la Constitución de 2019, donde se expresa que es un derecho de todo ciudadano "que se le presuma inocente hasta tanto se dicte sentencia firme en su contra".
El activista cubano Oscar Casanella denunció a través de su perfil de Facebook la injusticia cometida y provocó que varios de sus seguidores opinaran del caso.
"El hombre no le robó productos al estado ni a nadie. Por lo menos hasta ahora no le han demostrado eso. Si es ilegal su actividad económica, el culpable es el estado por no legalizarla", comentó Casanella.
Para el consultor empresarial Javier Puig el problema de los precios es responsabilidad del gobierno "porque jugó con la moneda y su valor". Tampoco permite la importación o exportación, lo cual expone a los trabajadores por cuenta propia "a conseguir productos en el mercado negro", agregó.
Un caso similar fue publicado por la prensa oficialista en el habanero barrio de Luyanó, donde la policía decomisó mercancías, dos automóviles y más de un millón de pesos en efectivo.
Los acusados vendían alimentos altamente demandados por la población cubana usando un establecimiento autorizado para la venta de comidas ligeras. El supuesto delito ocurre en medio de la crisis alimentaria asociada al coronavirus, donde los cubanos deben permanecer durante muchas horas en una cola para comprar pollo.
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