Mara Tekach, encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, indicó que los activistas cubanos que pretendían participar en la manifestación convocada por la muerte de un joven cubano a manos de la policía, fueron tratados con rudeza por el régimen para impedirles su asistencia.
Su declaración, en el perfil de la embajada estadounidense en la red social Facebook, afirma que este 30 de junio los cubanos fueron recibidos con el puño duro de la Seguridad del Estado cubano.
Un tuit anterior de la Embajada de Estados Unidos en Cuba invitaba al Gobierno de Miguel Díaz-Canel a que respetara y escuchara los llamados de justicia de los opositores, que en este caso particular clamaban por Hansel Hernández Galiano, un joven muerto a manos de la policía en un hecho que aún no ha sido explicado por las fuentes oficiales cubanas.
"Hoy el régimen castrista detuvo arbitrariamente a manifestantes pacíficos y cortó la comunicación de periodistas. Una vez más, muestra desprecio por las libertades de reunión y expresión. No teman a sus ciudadanos: respétenlos y escuchen sus llamados a la justicia", expone la nota en Twitter.
También el congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart se refirió a la represión del Gobierno de Cuba contra la marcha pacífica del martes. “Debería de darle vergüenza al mundo", indicó.
"Hoy, el régimen asesino de Cuba detuvo a José Daniel Ferrer, su hijo, y un grupo de activistas para evitar su participación en una manifestación pacífica", dijo Díaz-Balart en su cuenta en la red social Twitter.
La manifestación pacífica programada para este martes estaba organizada por activistas independientes cubanos. Lanzaron la convocatoria de reunión para las 11 de la mañana y el lugar de encuentro en La Habana sería el Cine Yara, además de en municipios cabecera de otras provincias.
El objetivo de esta protesta pacífica era exigir justicia para el joven Hansel Hernández Galiano, quien murió por un disparo de un policía en Guanabacoa.
Los organizadores de la protesta exigían entre otros aspectos, la puesta en vigor de una ley de procedimiento policial, así como garantías para el ejercicio de la libertad de expresión en la isla.
La respuesta de la Seguridad del Estado fue desplegar un operativo de detención de los opositores frente a sus casas, detener a otros y retirarles a muchos de ellos el acceso a Internet en sus teléfonos móviles, para que no pudieran transmitir e informar sobre el evento o sobre las detenciones arbitrarias de las que fueran víctimas al intentar participar.
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