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El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) condenó la ola represiva del gobierno de la isla contra decenas de activistas y opositores para impedir una marcha pacífica contra el abuso policial y el racismo en el país el pasado 30 de junio.
En un comunicado oficial desde su sede en Madrid el OCDH denunció que el régimen de Miguel Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero emprendió una persecución "contra activistas independientes y periodistas en todo el país, para evitar las protestas pacíficas contra la violencia policial y el racismo, convocadas tras la muerte del joven negro Hansel Ernesto Hernández a manos de la policía".
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El ostentoso operativo policial a nivel nacional incluyó, "al menos 78 detenciones arbitrarias y 146 activistas sitiados en sus casas bajo vigilancia policial. También se reportaron amenazas, citaciones, otros tipos de hostigamientos y cortes de internet", detalla la nota.
Al respecto, el organismo expresó su condena a "la violación generalizada de los derechos humanos que se está viviendo en Cuba".
"No es justo que el país sea rehén de la voluntad de unos cuantos, sin importar el sufrimiento, el agobio y la falta de esperanza con que vive la mayoría. Exigimos al gobierno de Miguel Díaz-Canel y Manuel Marrero Cruz que ponga fin a la represión y que inicie las reformas profundas e integrales que los cubanos necesitan", afirma el documento.
Asimismo, recordó que "estas acciones del Gobierno contra la oposición y sociedad civil ocurren en medio de un clima de represión e intimidación más amplio, que incluye centenares de procesos judiciales ejemplarizantes contra ciudadanos por supuestos incumplimientos de las medidas de aislamiento social".
También denunció que la pandemia del coronavirus ha sido aprovechada por el gobierno cubano para volver a imponer el permiso de salida del país a sus residentes, lo cual ha sido criticado también por el Consulado de España en La Habana.
De acuerdo con OCDH en junio se produjeron 437 acciones represivas, de las cuales 161 han sido detenciones arbitrarias y 28 citaciones en la isla caribeña.
Señala, además, que al menos 16 de las acciones represivas tuvieron relación con el Decreto-Ley 370, que impone multas de hasta 3000 pesos (unos $132 dólares) a los cubanos por sus publicaciones en redes sociales.
Activistas cubanos habían convocado a una marcha pacífica el 30 de junio para pedir al gobierno el esclarecimiento de la muerte de un joven negro de 26 años a manos de un policía en Guanabacoa, La Habana.
Los reclamos respondían a incongruencias entre la versión oficial de los hechos, el testimonio de la familia de la víctima y las imágenes filtradas de la autopsia, las cuales no correspondían con lo narrado por el gobierno.
Sin embargo, al amanecer del día de la marcha los principales activistas que acudirían a la marcha no pudieron salir de sus casas, sitiadas por agentes de la Seguridad del Estado, y los que lograron salir fueron arrestados y golpeados.
La periodista de CiberCuba, Iliana Hernández, por ejemplo, fue detenida al intentar llegar al cine Yara y luego fue trasladada a su casa con la amenaza de ser arrestada si salía. La reportera no pudo comunicarse en todo el día porque el monopolio estatal de comunicaciones, Etecsa, le cortó el servicio de Internet.
También padecieron arresto domiciliario los periodistas Abraham Jiménez Enoa, Darío Alejandro Alemán Cañizares y Mónica Baró, de la revista de periodismo narrativo El Estornudo; la activista Claudia Genlui Hidalgo; y miembros de UNPACU y de otras organizaciones independientes en La Habana, Artemisa, Matanzas, Camagüey, Santiago de Cuba y otras provincias del país.
Varios artistas, entre ellos Tania Bruguera, Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, también fueron detenidos en La Habana.
Por su parte, en Santiago de Cuba detuvieron al coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer y a su hijo, quien luego denunció que lo golpearon.
La represión fue condenada por la Sociedad Interamericana de Prensa y por la embajada de Estados Unidos en La Habana, cuya encargada de negocios, Mara Tekach, afirmó que los cubanos "fueron recibidos con el puño duro de la Seguridad del Estado".
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