Una oficial de la policía en Cuba amenazó con el Decreto Ley 370 a una mujer que filmaba con su celular una cola para comprar jabón en la localidad de San Cayetano, provincia Pinar del Río.
Los hechos ocurrieron en el CUPET de ese poblado, vecino del turístico Valle de Viñales en el occidente de Cuba, cuando una multitud gritaba en una interminable fila -para comprar jabón- que era custodiada por al menos dos policías.
Mientras la mujer filmaba el alboroto la oficial se le acercó y le dijo: "Mira niña, tú puedes filmar, pero si lo publicas es un delito".
"Tú me podes tirar fotos a mí, si lo publicas es un delito", agregó.
El video, subido a las plataformas digitales llamó la atención de decenas de internautas que reaccionaron enojados por la amenaza de la autoridad, y por el clima de escasez y miseria que se aprecia en todo el país.
Un forero afirmó que "toda Cuba está así hace más de 60 años y es en eso en lo que hay que pensar, en acabar de quitarle de arriba él yugo del comunismo a nuestras familias para que toda esta basura acabe y puedan morir en paz sabiendo que el mundo real es muy diferente a la porquería que nos han ofrecido toda la vida los COMUNISTAS".
Otra usuaria de Facebook recordó que en Cuba "todo lo que no cumpla sus intereses (los del gobierno) es un delito"; y otra mujer lamentó que los cubanos "estén pasando tanto trabajo".
Las publicaciones en redes sociales de las multitudinarias colas en Cuba para comprar artículos de primera necesidad como jabón, champú y detergente, o alimentos en medio de la pandemia del coronavirus, han presionado al gobierno de la isla y demostrado su ineficiencia para solucionar los problemas básicos de la población.
Por ello, los habituales policías que custodian estas aglomeraciones se amparan en el Decreto Ley 370, que permite al gobierno de la isla monitorear y censurar las publicaciones de los cubanos en redes sociales, para impedir que los videos sean subidos a plataformas como Facebook.
Conocido también como "Ley Azote", el DL-370 prohíbe "difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas".
Bajo esta normativa decenas de cubanos han sido amenazados y multados con sanciones de hasta 3000 pesos (unos 120 dólares) por violar esta disposición.
Varias organizaciones internacionales han criticado en los últimos meses la norma cubana por su arbitrariedad y la violación a los derechos humanos que en ella se esconde.
En junio último la Unión Europea mostró "preocupación por la intensificación de la represión en Cuba" y por la continuidad del carácter hegemómico y excluyente del partido comunista.
Una fuente próxima al jefe de la diplomacia europea, el socialista español Josep Borrell, afirmó: "Quizá La Habana pensó que la epidemia de coronavirus provocaría un relajamiento en nuestra vigilancia del respeto a los derechos fundamentales de los cubanos, pero no podemos dejar de expresar nuestro malestar con las numerosas detenciones arbitrarias y el encarcelamiento de varios presos de conciencia".
A inicios de ese mismo mes 3600 cubanos pidieron a la Asamblea Nacional del Poder Popular la derogación del polémico decreto, "por inconstitucional", en una carta dirigida al presidente del órgano legislativo, Esteban Lazo Hernández, y con copia al mandatario Miguel Díaz-Canel.
El documento, que está firmado por más de 500 ciudadanos residentes en la isla y otros 3100 que viven en el extranjero, se apoya jurídicamente en el artículo de la Constitución de la República de Cuba y en los compromisos internacionales suscritos por el gobierno, y tiene el apoyo de extranjeros de 83 países, según la información divulgada.
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