Agosto ha sido mes de estafadores -estatales y privados- “a pululu” en Caibarién, donde muchos vecinos han tenido que destinar a sancocho para puercos un puré de papas precocinado, han pagado por detergente de la marca Limtel que era agua sucia, por champú Suchel-Camacho que era una mezcla de guacamole con sábila y han tenido que botar el aceite con el que intentaron freír croquetas podridas.
Los oportunistas estatales y, por tanto, con licencia para estafar, pululan al mismo ritmo de tales miserias imparables y aprovechan el momento crítico para extorsionar al más empobrecido, dado su bajo nivel adquisitivo, con la certeza de que —en el desespero por adquirir “lo que sea y como sea”— no se sublevará contra nada ni nadie por cansancio.
Uno de los renglones más codiciados por la población, por estar fuera de temporada y surtirse de manera escasa y esporádica, es el puré de papa, que se vende a un precio de 13 pesos moneda nacional. Envasado al vacío, en bolsas de nailon de un kilogramo, a veces lo han llevado a las tiendas acabado de procesar, incluso humeante.
Recientemente, fue distribuido al mediodía, de manera abundante, pero venía congelado, lo cual alegró a los consumidores acostumbrados a la incomodidad del manejo de “la papa caliente”. Se vendió sin restricciones, “llévense todas las que quieran porque están fresquitas”, advertían los vendedores en placitas y tiendas de Caibarién.
Una parte de los marchantes que dejó en el mostrador más dinero de la cuenta, al percatarse en casa de que estaba ácido y descompuesto, corrió al día siguiente a devolver las bolsas y recuperar “lo robado”, explicaron varios a CiberCuba.
Pero se han topado con una burocracia cerrera, porque “no somos los culpables de esa factura en mal estado que nos trajeron”, y, además, “ese importe ya se depositó en el banco”, que es la excusa oficial ante las quejas acumuladas por el mal estado del puré de papa.
El mecanismo estatal está articulado entre la Empresa de Conservas de Frutas y Vegetales de Ciego de Ávila, la Cooperativa de Créditos y Servicios José Martí, en Ceballos, que -a su vez- mantiene contrato abierto con la Dirección de la Agricultura en Caibarién, a través de algunas CCS del territorio que regentan placitas y agromercados, a los que se abastece periódicamente con algunas producciones propias, incluidas parte de las que antes estaban destinadas al ahora colapsado turismo en la cayería norte.
Más adelante, pero no en todas las placitas estatales, el dinero fue devuelto a algunos caibarenienses protestones, pero quienes callaron tuvieron que echar a la basura el puré de papas en mal estado o destinarlo al sancocho para los cerdos que crían bajo estrecha vigilancia y custodia.
Cuando CiberCuba indagó en placitas y agromercados, los testimonios de vendedores y administrativos se resumieron en una evasiva: “No nos han dado órdenes de que devolvamos nada”.
Por otro lado, una caterva de vendedores ambulantes ha inundado Caibarién con toneladas del codiciado detergente líquido Limtel, a 50 pesos la bolsa de 500 mililitros, el mismo que hace seis meses se esfumó, pese a que el Ministerio del Comercio Interior lo catalogó entonces como “regulado” y que sería distribuido “cada dos meses”, según las declaraciones de funcionarios gubernamentales en la Mesa Redonda.
Pero, al abrir la bolsa, los estafados se han quedado lelos: adentro bailaba un líquido insípido y apestoso “que ni espuma hace”, por lo tanto, nada limpia, aunque no mate, testimoniaron.
Un policía sorprendió a uno de los vendedores de "Limtel" en plena faena y lo único que atinó a decir fue: “Yo no sé de dónde salió, a mí me lo vendieron y yo lo revendí. No me lo robé”.
El fabricante aparece en el propio envase de detergente como Suchel-Jovel, del municipio Jovellanos, Matanzas, acompañado de un teléfono de atención al cliente: 649-09-19, correspondiente al directorio telefónico de La Habana y que al ser marcado conduce a la grabación de una alocución de ETECSA: “El número solicitado no está asignado a ningún abonado”, aunque -paradójicamente- la propia voz invita a dejar mensaje.
Lo mismo sucedió hace una quincena con un vehículo particular que desembarcó en La Güira cajas de champú, a 10 pesos convertibles el frasco de 350 mililitros; la cola se armó rápidamente y vació las cajas con igual velocidad.
La decepción llegó cuando, probado el producto, descubrieron que “esta mierda no limpia el cuero cabelludo”, pues se trataba del frasco original de la marca Suchel-Camacho relleno con una sustancia viscosa y perfumada que con el pelo húmedo formaba una melcocha.
Algunos describieron el brillante timo, como “una mezcla de extracto de guacamole, agua de lluvia filtrada, potasa industrial, y mermelada de sábila”, con algún detergente obviamente añadido.
EPISAN es una empresa acuícola del Ministerio de la Pesca, radicada en Tunas de Zaza, Sancti Spíritus, que mantiene relaciones de intercambio con la villaclareña Pescavilla, la cual vende en unos camiones sin techo, con el slogan “Desde el mar lo más sano”, aunque las croquetas sean de claria o de menudos de pollo.
Quienes compraron sus productos descubrieron que estaban en mal estado, cuando echaron a freír las croquetas en la sartén, con el inconveniente añadido que también tuvieron que botar el aceite, preciado líquido en los tiempos que corren.
Según el Departamento Comercial de Pescavilla, “todo lo que vendemos sale certificado”, aunque llegue descompuesto a su destino y tenga vencimiento para dentro de tres meses. Así ha ocurrido con “los derivados cárnicos que se expenden en la vía pública a precios regulares, pero en mal estado”.
En mayo, los directivos de Pescavilla iniciaron un programa de producción "intensiva" de clarias, mediante acuerdos con productores privados, que deberán producir 300 toneladas en el primer año de convenio con la empresa estatal de Villa Clara.
El agosto de Caibarién contrasta ruidosamente con los alardes del NTV sobre arrestos de productores y pequeños empresarios privados, acusados de "robar al estado"; mientras los televidentes estafados aguardan por reportajes sobre los que roban a los ciudadanos desde las entidades estatales.
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