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El gobierno de Estados Unidos impuso este viernes sanciones al Ministerio del Interior de Cuba (MININT) y a su ministro, el general Lázaro Alberto Álvarez Casas, según informó el Departamento de Estado.
En un comunicado del secretario del Departamento de Estado, Mike Pompeo, se indica que las sanciones están relacionadas “con graves abusos de los derechos humanos en virtud del Decreto Ejecutivo 13818, que se basa en la Ley Magnitsky de responsabilidad en materia de derechos humanos y la aplica”.
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La medida, sustentada en la Ley Magnitsky (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act), señala a Álvarez Casas como el primer funcionario del régimen cubano sancionado bajo esa legislación. Todas las designaciones previas contra representantes gubernamentales cubanos, incluyendo el ya fallecido ministro del Interior, Julio César Gandarilla Bermejo, fueron hechas bajo la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado.
El Departamento de Estado condenó la represión, “el acoso y la vigilancia de periodistas, disidentes, activistas y miembros de grupos de la sociedad civil, entre ellos, más recientemente, los miembros del pacífico Movimiento San Isidro”, y aseguró que Álvarez Casas es cómplice de estos actos.
Asimismo, el comunicado denunció las violaciones de derechos humanos cometidas contra el disidente cubano y líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer, quien fue mantenido en prisión por la autoridades cubanas durante el período de octubre 2019 hasta abril de 2020, tras un proceso que incluyó abuso policial, golpizas y la violación del derecho a un juicio bajo los estándares del debido proceso.
La nota también hace referencia a los más de “100 presos prisioneros políticos que el “régimen” mantiene en sus cárceles, y responsabiliza a “funcionarios del Ministerio” del Interior por haber “supervisado la tortura de muchos de esos detenidos”.
Para el Departamento de Estado, encabezado por Pompeo, esta nueva designación tiene como objetivo apoyar “las justas aspiraciones del pueblo cubano a la democracia, la prosperidad y el respeto de sus derechos humanos”.
“La represión de las libertades fundamentales por parte del régimen de Castro requiere la condena y la acción de todos los países que respetan la dignidad humana” se lee en el comunicado, que concluye haciendo llamamiento “a otros gobiernos y organizaciones internacionales” para exigir que el gobierno cubano y sus funcionarios rindan cuenta de sus actos.
Por otro lado, la Embajada de Estados Unidos en Cuba se hizo eco del anuncio y corroboró en Twitter que estas nuevas sanciones persiguen el apoyo "las aspiraciones cubanas de democracia".
En cuanto a la naturaleza de las sanciones, la Ley Magnitsky es una ley aprobada en Estados Unidos para sancionar a extranjeros acusados de corrupción y violaciones de derechos humanos. Fue aprobada en 2012 e inicialmente fue dirigida a funcionarios rusos y otras personas implicadas en el crimen del abogado ruso Serguéi Magnitski, en noviembre de 2009. Desde abril de 2016, se aplica globalmente y «autoriza a los gobiernos a sancionar a los infractores de los derechos humanos, congelar sus activos extranjeros y prohibirles ingresar al país firmante».
Esta misma semana, la casi finalizada administración Trump decidió añadir nuevamente Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, después de que la isla fuera removida en 2015 por la administración Obama bajo el compromiso de colaborar con respecto a los fugitivos de la justicia estadounidense que el estado cubano ha dado refugio, según declaraciones de la coordinadora de la Oficina de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado, Mara Tekach.
La propia Tekach aseguró que el gobierno de Cuba se había negado a cooperar y rechazó cualquier oportunidad de extraditar a personas que están entre la lista de los terroristas más buscados por el FBI.
La designación no fue bien recibida por varios senadores demócratas, quienes extendieron una carta a Pompeo para cuestionar esta decisión y apuntaron la fallida política de Trump con respecto a Cuba, donde se produjo un desarrollo de sus empresarios privados y del acceso a internet durante los últimos años del gobierno de Obama.
La ONG internacional Human Rights Watch (HRW) indicó que 2020 había sido un año donde la represión en Cuba había aumentado considerablemente, y denunció las tácticas represivas del gobierno cubano contra sus disidentes, como “golpizas, denigración pública, restricciones a la posibilidad de viajar, detenciones por períodos breves, multas, acoso en línea, vigilancia y despidos de los puestos de trabajo”.
La organización aseguró que, junto a las dictaduras de Venezuela y Nicaragua, Cuba había logrado empeorar la situación de los derechos humanos en la región.
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