La presentadora cubanoamericana -y recién elegida congresista por el distrito 27 de Florida-, María Elvira Salazar, ha dicho estar "altamente preocupada" por "la censura" de las "grandes tecnologías" (sic) en referencia a la suspensión por parte de Facebook y Twitter de las cuentas del presidente saliente Donald Trump por incumplir las normas de esas redes sociales.
"Aunque estas empresas no son el gobierno, la dirección en la que podríamos ir es muy aterradora", aseguró la congresista en un video colgado en su cuenta de Facebook.
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"Cuando comenzamos a aceptar la censura, estamos dando el primer paso hacia socialismo", añadió.
"Censurar diferentes opiniones divide. No se une, por lo que nuestros padres fundadores exigieron que la libertad de expresión sea parte de nuestra primera enmienda", que "permite a usted decir lo que usted considere, independientemente de si yo estoy de acuerdo o no", explicó Salazar.
Además del caso de Trump, Salazar citó el caso de la red social Parler, recientemente suspendida, y un artículo del periódico New York Post sobre Hunter Biden, hijo del presidente electo, habría sido censurada en redes sociales. "¿De cuándo acá eso pasa en este país?", se preguntó la periodista.
"Así es como comenzó Fidel, así es como comenzó Maduro", alertó la legisladora. "Usted censura hoy, pero mañana lo censuran a usted".
La suspensión de las cuentas de Trump tras el asalto del Capitolio protagonizado por sus seguidores ha suscitado un creciente debate sobre la legitimidad de las grandes compañías que controlan las redes sociales para eliminar cuentas o usuarios por motivos de contenido.
En este caso, el argumento utilizado por las grandes plataformas tecnológicas fue el “riesgo de incitación a la violencia”.
La decisión fue celebrada por muchos usuarios de esas plataformas, pero también se lanzaron advertencias sobre los peligros que eso puede suponer para la libertad de expresión.
La legislación estadounidense es clara al respecto. La sección 230 de la Communications Decency Act, considerada la ley fundacional de Internet, establece que las plataformas no son responsables del contenido que albergan ni del que eliminan. Esa ley permitió su crecimiento porque las protegía de posibles demandas. A su vez, las plataformas no son vistas como entes neutrales, sino como espacios privados con políticas de moderación de contenido que aceptas al entrar.
Ese debate ha llevado a demócratas y a republicanos a pedir una modificación de esa ley que responsabilice legalmente a las plataformas del contenido de odio que ahí se publica. Mientras los primeros lo hacen para obligarlas a asumir unas políticas de moderación más claras contra el extremismo, los segundos lo hacen para acusarlas de censura contra los conservadores. El modelo económico de las plataformas, cuyo algoritmo promociona el contenido radical por su capacidad adictiva, invalida esa tesis de los seguidores de Trump.
No todos los juristas comparten esa visión. Algunos creen que esas decisiones debe tomarlas un juez, y advierten de que el cierre de cuentas y plataformas podría ser un ataque contra la Constitución norteamericana.
La suspensión de Trump evidencia el gran poder que han adquirido esas empresas tecnológicas en el debate digital.
El bloqueo aplicado por Facebook, por ejemplo, fue un cambio repentino en la manera cómo la red social ha protegido y defendido los mensajes políticos en los últimos años, permitiendo a Trump la difusión de conspiraciones supremacistas.
Las preocupaciones por la libertad de expresión en las redes sociales es compartida por mandatarios europeos poco sospechosos de ser afines al presidente estadounidense.
La cancillera alemana Angela Merkel ha remarcado que solo “se puede interferir en la libertad de expresión en la línea de la ley y del marco definido por los legisladores, no de acuerdo con la decisión de la administración de las plataformas de redes sociales”. El comisario europeo de mercado interior, Thierry Breton, ha criticado que la decisión de las plataformas no cuenta con “legitimidad democrática ni supervisión”, mientras que el ministro de finanzas francés, Bruno Le Maire, ha señalado que la regulación de Internet “no la puede hacer la oligarquía digital”.
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