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El preso político y coordinador de la Coalición Unitaria Compromiso Democrático en la provincia de Camagüey, Virgilio Mantilla Arango, fue trasladado a una prisión de máxima seguridad de su territorio, aseguró en Facebook la coordinadora nacional de la organización, Leticia Ramos Herrera.
“Acabo de recibir una llamada de mi hermano, el preso político Virgilio Mantilla Arango, quien fue trasladado a la prisión de máximo rigor La 26, en Camagüey”, afirma Ramos Herrera.
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Los motivos por los cuales se ejecutó esta medida guardan relación con la libreta de apuntes que poseía Mantilla en la anterior prisión, “Cerámica roja”, donde registraba los detalles de todo cuanto experimentaba tras las rejas, lo cual representa una amenaza para el régimen en medio de un contexto político tan delicado, donde el gobierno cubano intenta retomar las negociaciones con Estados Unidos.
“Esto fue debido a una requisa que le hicieron en la prisión “Cerámica roja”, dónde se encontraba, y le quitaron 2 libretas con apuntes y crónicas sobre el abuso de poder del régimen. Virgilio me cuenta que no lo van a doblegar a pesar de las amenazas contra él por el esbirro Juan Miguel de la prisión La 26”, agregó Leticia Ramos Herrera, quien no tardó en responsabilizar al gobierno sobre cualquier perjuicio que pueda recibir Mantilla.
“Yo Leticia Ramos Herrería hago responsable al régimen de todo lo que pueda pasarle a Virgilio Mantilla Arango. Abajo la tiranía asesina. Libertad para todos los presos políticos”, concluye la coordinadora nacional de la Coalición Unitaria Compromiso Democrático.
Mantilla, activista por la defensa de derechos humanos en el oriente de Cuba, fue arrestado la tarde del 9 de diciembre en su vivienda del municipio Céspedes, provincia de Camagüey, luego de haberse negado a pagar una deuda de 600 pesos MN por divulgar volantes con el Manifiesto del 10 de Octubre de 1868.
Casi 20 días después de su detención, y sin que las autoridades le permitieran a sus familiares visitarlo, se conoció que Mantilla había recibido una condena de 7 meses de prisión de libertad bajo el delito de “acaparamiento”.
Construir delitos es uno de los mecanismos recurrentes del poder para juzgar y sentenciar a opositores en Cuba, donde el mercado informal juega un rol casi vital en los ingresos de sus ciudadanos, de ahí que la compra-venta ilegal de cualquier artículo o servicio pudiera representar un delito, y también la alternativa de supervivencia de los cubanos.
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