Un cubano mayor de 60 años y enfermo de cáncer de próstata, narró los trabajos que pasa para poder comer, pues sus ingresos no le permiten pagar la canasta básica del Estado.
En entrevista concedida a Cubanet, el hombre residente en Camagüey, ante la pregunta de si pasa hambre o tiene dificultades para adquirir los alimentos básicos respondió: "Sí, pero no se lo he dicho a mis vecinos porque me da pena".
El albañil, Rafael Velazco Hernández, de 62 años, no posee chequera de jubilación y fue diagnosticado con cáncer de próstata. La crisis del coronavirus ha retardado su tratamiento médico y además los ha sumido a él y a su esposa, que padece una enfermedad mental, en una situación de carencias mayor de la que ya vivían.
Velazco vive de la caridad de sus vecinos y de hacer mandados al mercado. Su vivienda es un bohío mal terminado, a punto de colapsar que ha sido afectado por huracanes como el Irma en 2017. Sin embargo, el Estado le negó un subsidio para construir porque no posee una propiedad legal del inmueble.
Los trabajadores sociales también le han negado asistencia a este ciudadano porque según le han dicho "tiene familia que lo ayude". Velazco ha ido al Partido Comunista de Camagüey a pedir apoyo y lo mandaron a la Dirección de Vivienda, donde tampoco dieron respuesta a su problema habitacional.
La Tarea Ordenamiento agudiza la crisis económica para los cubanos con más necesidades de asistencia social. Muchas personas mayores incluso han dejado de comprar sus alimentos en los comedores del Sistema de Atención a la Familia (SAF). En Ciego de Ávila, por ejemplo, han renunciado al servicio porque no pueden pagarlo tras el incremento de precios.
El administrador del comedor social "La sombrillita", Julio López Escasena, indicó a la prensa oficialista que "a raíz de la Tarea Ordenamiento ha existido una disminución en la asistencia de los comensales producto de los altos precios que tienen en estos momentos la comida", aunque no refirió cuántas personas han dejado de comprar en la instalación gastronómica.
La acción del Estado, en cambio, sí es notable a la hora de sancionar. El gobierno aplicó 2000 pesos de multa al anciano Ángel Granado Santiesteban, residente en el municipio Melena del Sur, provincia Mayabeque, por gritar "tengo hambre" en la vía pública.
El ciudadano Kelvis Labañino denunció en el grupo de Facebook "De Moa Somos" que el hombre presuntamente fue multado por decir en un patio que estaba chapeando: "Tengo hambre, no hay nada qué comer, debí haber muerto". Según Labañino, alguien escuchó al anciano y llamó a la policía política, que llegó "más rápido que una ambulancia".
Además del hambre, el tema de la vivienda también golpea fuertemente a los mayores de edad. No poseen los recursos para afrontar procesos constructivos ni su estado de salud les permite desarrollar por sí mismos muchas de estas labores. Al no tener dinero para pagar los servicios de reparación, sus casa se afectan considerablemente y con ello su calidad de vida decae volviéndolos cada vez más vulnerables.
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