Autoridades cubanas desalojaron el viernes un asentamiento ilegal de más de 50 casas levantadas en el poblado Jamaica, ubicado en el municipio San José, en Mayabeque.
Un video enviado a CiberCuba muestra a varios hombres con martillos golpeando con fuerza la única pared que queda en pie de una casucha de madera y tablas, en un área rural donde se pueden ver otras construcciones a su alrededor que también serán demolidas.
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"Eso es pa' que después no digan que aquí no hay desalojo, que aquí no hay nada de eso. Mira cómo tumban las viviendas ahí, empingao", se escucha decir al que filma el video con su teléfono móvil.
"Sigue grabando y hablando ahí, sin miedo, que aquí nadie va a hacer na", añadió.
Según denunció en su muro de Facebook el usuario Rubén G., los afectados son familias pobres, integradas por más de 200 habitantes, "que no tenemos nada mejor para vivir".
"Tenemos más de 27 niños, ancianos, mujeres embarazadas y nos cortan la corriente y el agua. Esto es inhumano. Nadie merece vivir bajo tanta miseria. Somos pobres, pero trabajadores", explicó.
"Aprovechan cuando estamos trabajando para tumbar lo poco que tenemos y nos dejan a nuestros hijos desamparados. El gobierno no nos da nada, pero sí nos quita lo poco que tenemos. Ya hemos escrito al Consejo de Estado y de Ministros del país, pero ellos no hacen nada a favor de nosotros", añadió.
"Dicen que el desalojo no existe, ¿y esto qué es? Nos tienen acribillados a multas. Nos intimidan con la policía y nos multan también. Nos cerraron la vía de acceso para que no podamos entrar ni salir. Compartan este vídeo para que vean el abuso", pidió.
Rubén compartió otro pequeño video del desmantelamiento de la pequeña comunidad.
"Aquí todo el mundo se va a enterar de esto", dijo.
El gobierno cubano lleva más de un año en una cruzada contra los barrios conocidos popularmente como "llega y pon", un término que designa a las viviendas que construyen las personas de forma ilegal, en lugares donde generalmente no hay acceso al agua potable ni a servicios de alcantarillado o electricidad, pero que a menudo se convierten en verdaderas comunidades.
Durante los últimos meses, en varias provincias la policía ha intentado desalojar asentamientos ilegales, sin tener en cuenta los riesgos de este tipo de acciones en plena pandemia de coronavirus.
En julio, más de 100 familias de un asentamiento ilegal situado en las cercanías de la heladería Ward, en el municipio capitalino del Cerro, fueron amenazadas de que si no se iban voluntariamente, serían echados por la fuerza e incluso enviados a prisión si no abandonan el sitio.
"Han venido los inspectores, han pegado multas, han amenazado, van casa por casa diciéndole a todo el mundo que se vayan de aquí, que esto lo van a derrumbar. No tienen en cuenta el miedo de las mujeres y los niños, y no pedimos mucho, lo único que queremos es que nos dejen vivir tranquilamente", denunció uno de los afectados.
En noviembre, la activista cubana Diasniurka Salcedo Verdecia mostró el caso de 30 familias residentes en un asentamiento ilegal en las inmediaciones de la textilera Arquitex, en Alquízar, Artemisa, a las que trataron de desalojar.
Al llegar directivos del territorio así como algunos agentes represores, los vecinos de la zona pusieron carteles de rechazo al desalojo y la presencia de los funcionarios, a quienes no no les quedó mas remedio que abandonar el lugar.
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