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Una mujer fue asesinada por su expareja en la ciudad de Pinar del Río el 1 de abril, según reveló este martes en sus redes sociales la plataforma YoSíTeCreoenCuba, que precisa que el agresor se suicidó tras el feminicidio.
La víctima, identifica como Martha Morejón Noda, tenía un hijo, trabajaba en el hospital Abel Santamaría y ya “había denunciado en años anteriores”, según precisa el reporte del caso, que habría sido confirmado con fuentes familiares y comunitarias.
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“Llegue a su hijo nuestras condolencias, demás familiares y colegas del Hospital, donde trabajaba. Reiteramos la necesidad de que las autoridades declaren la emergencia en violencia de género en Cuba”, concluyó la plataforma.
Cinco feminicidios y 41 agresiones contra mujeres fue el saldo de la violencia de género tan solo en marzo, según reveló recientemente otra organizacion, la Red Femenina de Cuba, que cifró en 13 los feminicidios ocurridos en Cuba en los primeros tres meses del 2021.
El dato supone que en apenas el primer trimestre del año la cifra de feminicidios en cuba se acercó al 50% del total de casos reportados en 2020, que fueron 29.
La presidenta de la Red Femenina de Cuba, Elena Larrinaga destacó, en declaraciones a CiberCuba el pasado 8 de marzo, la importancia de la colaboración entre plataformas feministas independientes y de ejercer presión sobre las autoridades de la isla para impulsar políticas públicas de protección a la mujer.
Larrinaga se refirió a Cuba como “el único país del hemisferio occidental, y de América Latina que no tiene tipificada la violencia de género como delito”.
“Yo creo que en un país como Cuba, con un gobierno tan cerrado a cualquier cosa, que todo lo que signifique dudar o reflexionar sobre una situación social lo considera una agresión directa, hemos conseguido mucho”, opinó Larrinaga.
A comienzos de febrero, la Red Femenina de Cuba, la revista feminista Alas Tensas y la plataforma YoSíTeCreoenCuba lanzaron una declaración conjunta para exigir una respuesta estatal efectiva a los feminicidios, y promover que el gobierno cubano decrete el estado de emergencia por el incremento de la violencia de género en la isla.
El documento alegó que la situación actual es alarmante y por ese motivo recomiendan que las autoridades cubanas declaren de inmediato la emergencia por violencia machista. A juicio de los citados grupos independientes, la situación se ha agravado como consecuencia del aumento del tiempo de convivencia doméstica de las parejas debido a la pandemia de coronavirus.
En 2020 se confirmaron en el país 29 feminicidios y diversas organizaciones feministas independientes estiman que esa cifra podría quintuplicarse en este 2021, de continuar la tendencia actual.
También en febrero, la Red Femenina de Cuba y la Alianza Cubana por la Inclusión enviaron una carta a la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en la que pidieron establecer un diálogo abierto sobre la violencia de género en Cuba, destinado a intercambiar esfuerzos y ofrecer soluciones concretas al tema.
"No podemos esperar hasta el 2028, como marca el cronograma legislativo, para la redacción de una Ley Integral de Violencia de Género", afirma el documento, en el que se propuso a la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) elaborar un listado oficial de datos contrastados sobre la violencia de género en la isla que permita cuantificar el problema y "lidiar mejor con esta lacra social".
La Constitución de Cuba recoge en su artículo 43 que "el Estado protege a las mujeres que son víctimas de la violencia de género", y en el artículo 85 que "la violencia familiar, en cualquiera de sus manifestaciones, se considera destructiva de las personas implicadas, de las familias y de la sociedad, y es sancionada por la ley".
No obstante, no existe una Ley Integral contra la Violencia de Género, ni tampoco hay acceso a datos oficiales sobre los feminicidios ocurridos en la isla.
Aunque no existe en el cronograma legislativo aprobado hasta 2028 ninguna referencia a una Ley Integral sobre la Violencia de Género, las autoridades cubanas han adelantado que se reforzarán las futuras legislaciones -como el Código de Familia o el Código Penal- para potenciar políticas públicas y mecanismos jurídicos que brinden mayor protección a las víctimas.
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