El Tribunal Supremo Popular de Cuba prevé enmendar "posibles errores" luego de numerosas críticas a los juicios contra personas detenidas por manifestarse el pasado 11 de julio, dijo el presidente del máximo organismo judicial, Rubén Remigio Ferro.
"La justicia tiene previsto enmendar posibles errores. Las condiciones para actuar con transparencia en Cuba están dadas", dijo el funcionario en una conferencia en el Centro de Prensa Internacional del MINREX, convocada para aclarar cuestiones legales sobre los manifestantes encarcelados.
Remigio Ferro mencionó cuáles serían esos "errores", más bien se defendió de las críticas que hablan de una avalancha de casos judiciales. Al respecto dijo que era una acusación falsa: "Hasta ayer habían llegado a los tribunales solo 19 procesos judiciales, los cuales involucran a 59 personas, acusadas de cometer presuntos delitos".
También negó que los juicios que se están haciendo contra las personas que se manifestaron en la isla el pasado 11 de julio sean procesos sumarios.
"Se ha sembrado la matriz de que se trata de procedimientos sumarísimos, no lo son. En el argot judicial lo llamamos 'proceso sumario', es el equivalente al ‘procedimiento abreviado’, se pueden encontrar en diversas legislaciones del mundo", explicó.
El funcionario aseguró que estos juicios transcurren "apegados a lo establecido por la ley, incluyendo el derecho a la defensa, a nombrar abogados", y que para este tipo de procedimientos "la ley establece que el sujeto decide si nombra o no a un abogado para que lo defienda en el juicio".
"Un número de los acusados de estos presuntos delitos ha decidido nombrar abogados y lo ha tenido, otros no lo han decidido. Se les ha dado todas las oportunidades", sostuvo.
Las declaraciones de Remigio Ferro responden a las críticas sobre juicios sumarios en los que, entre otras violaciones, no se ha permitido la presencia de los abogados de la defensa. Las evidencias de que en estos procesos se han cometido violaciones las han aportado los propios familiares de los implicados.
Es el caso del fotógrafo cubano Anyelo Troya, quien fue condenado a un año de cárcel junto a otras 10 personas el pasado miércoles, sin derecho a defensa. También ocurrió con el actor y poeta Alexander Diego Gil, quien el viernes fue condenado junto a otras nueve personas a 10 meses de prisión por “desorden público”.
Gil tampoco pudo presentar un abogado para su defensa, por las numerosas trabas que le impusieron las autoridades, y solo logró entrevistarse con el letrado después de que la condena había sido dictada, relataron su madre y su novia.
Tras defenderse de todas esas acusaciones, Remigio Ferro no dejó claro cuáles son esos "posibles errores" que serán enmendados.
La Fiscal General de la República, Yamila Peña Ojeda, también negó que en estos juicios sumarios se violen los derechos de los acusados; y dijo que, a pesar de su prontitud, "no quiere decir que no se respeten las garantías de las personas, ni se les aperciba de lo que está establecido en la ley procesal vigente".
Asimismo, aseguró que "los casos procesados hasta el momento responden, en lo fundamental, a desorden público, instigación a delinquir, desacato a las autoridades, daños físicos y materiales generados por la violencia".
"No solo lo que digan los acusados será tenido en cuenta, los órganos de investigación criminal somos los responsables de demostrar", subrayó Peña Ojeda.
Desde las inéditas protestas antigubernamentales que estremecieron más de 60 ciudades cubanas el pasado domingo 11 de julio, las autoridades cubanas han acudido a un arsenal de delitos incluidos en el Código Penal para castigar a sus detractores.
"Desacato", "desorden público", "instigación para delinquir", son algunos de estos delitos, que contemplan sanciones para las personas que, incluso, griten en la calle la consigna "Patria y Vida", según explicó el Ministerio del Interior (MININT).
En ningún momento el gobierno ha reconocido el derecho de sus ciudadanos a manifestarse públicamente. En esas protestas fueron detenidos más de 600 cubanos, de acuerdo con una lista elaborada por la ONG Cubalex, y al menos una docena de ellos son menores de 17 años.
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