La cantante colombiana Shakira está cada vez más cerca de ir a juicio en España, acusada de fraude fiscal.
Salvo que en el último momento logre hacer un pacto con la fiscalía, la artista podría ser encausada por dejar de pagar 14,5 millones de euros en impuestos.
Un juez español considera que hay "indicios suficientes" para procesarla, luego de tres años de investigación de la fiscalía, que la acusa de seis delitos fiscales que, de ser hallada culpable, podrían llevarla a prisión.
Según Marco Jesús Juberías, juez de primera instancia e instrucción número 2 de Esplugues de Llobregat, en Barcelona, la artista "habría dejado de tributar en España durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014, pese a tener obligación de hacerlo por tener aquí su residencia fiscal".
En un documento al que tuvo acceso el diario El País, Shakira debió haber pagado 14,5 millones en concepto de IRPF e impuesto de sociedades. En su lugar, ella y otros querellados "emplearon una serie de sociedades mercantiles" para que figurasen como los dueños del patrimonio de la cantante, quien solo aparecía como la verdadera propietaria "en último término y en sociedades radicadas en territorios considerados como paraíso fiscal".
La colombiana siempre ha defendido su inocencia y asegura que durante esos años residía en Bahamas y solo visitó España de forma "esporádica".
Sin embargo, los inspectores de Hacienda afirman que esto no es cierto. En opinión de los expertos, las "ausencias esporádicas" eran los frecuentes viajes de trabajo al extranjero de la artista, quien después volvía siempre a su lugar de residencia: la ciudad de Barcelona, donde vive con el futbolista Gerard Piqué y los dos hijos que tienen en común.
La ley española dispone que, para que un ciudadano sea considerado residente fiscal, debe pasar por lo menos la mitad más un día en el país.
Por el momento, el juez aclara que en esta fase del proceso penal no es para "resolver la culpabilidad o la inocencia" de Shakira, sino para "verificar si la acusación cursada por el Ministerio Fiscal y las acusaciones personadas -Agencia Tributaria y Generalitat- presentan suficiente fundamento".
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