Una denuncia, hecha por el abogado independiente Sergio Osmín Fernández Palacios, ha permitido conocer los espeluznantes detalles del caso. Lo resumo en pocas palabras: se llama Christopher Lleonard Santana, tiene 14 años y un ligero retraso mental; salió a la calle el pasado 11 de julio y, días después, llegaron a las tres de la mañana a su domicilio para arrestarlo.
A sus padres les mostraron un fragmento de un video tomado con un teléfono móvil, en el cual su hijo aparecía frente a la tienda "Casa Fraga", en Águila y Monte, en la Habana Vieja, contra la cual fue lanzada una piedra que quebró una de sus vidrieras.
Desde entonces las autoridades cubanas no le han permitido ver a sus padres, Naika Rosa Santana Leyva y Omar Lleonard Pérez, que sólo pudieron enviarle algunos medicamentos (sin garantía de que le fueran administrados).
En redes sociales, Fernández Palacios cuenta que, con el consentimiento de sus padres, ha presentado sendas denuncias en representación del menor y en conformidad con los procedimientos especiales establecidos en el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para DD HH (con sede en Ginebra, Suiza) y la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos (con sede en Washington, EE.UU.).
Pero más allá del trayecto que puedan tener estas denuncias ante esas organizaciones internacionales, el caso de Lleonard Santana desarma de entrada varios de los presupuestos cacareados por el gobierno y sus fiscales en sus medios de propaganda y prueba, una vez más, la crueldad del llamado "sistema de justicia" cubano.
El menor estuvo primero detenido 12 horas en la estación policial de Cuba y Chacón, en La Habana Vieja, y luego fue recluido en la Escuela de Formación Integral "José Martí", más conocida como "El Combinadito", en Guanabacoa.
Por las denuncias de sus padres, sabemos que durante alrededor de dos semanas no se le garantizó a este niño el acceso a su medicación diaria indicada por facultativo (RP. 194507) del Centro de Salud Mental de la Habana Vieja, según certificado médico que la madre enseñó en las redes sociales. Lleonard Santana tiene prescrito Haloperidol, un antipsicótico que se ingiere vía oral, para controlar su salud mental y estabilidad emocional. No fue hasta el 8 de agosto que las autoridades permitieron que se le enviara el medicamento.
Hace poco más de dos semanas, entre lágrimas, la madre del menor pudo comunicarse con él vía telefónica y tuvo conocimiento de los maltratos físicos que estaba recibiendo. En concreto, su hijo le refirió que los oficiales del Ministerio del Interior le están dando golpes y bofetadas para que confesara.
"Es un menor de edad, con problemas especiales. Mi hijo toma medicamentos, desde los cinco años se atiende con un psiquiatra y no se los están dando", dijo Naika, junto a la foto de un certificado médico que acredita la condición de salud del joven.
Christopher ha sido acusado de "vandalismo". Debido a su edad las autoridades no pueden sentarlo en el banquillo. De confirmarse su culpabilidad y la intención gubernamental de procesarlo, sería a través de un proceso administrativo. Pero las leyes cubanas no importan cuando estás bajo la "tutela" del MININT.
Hasta fecha de esta publicación, las autoridades no han mostrado a los padres ninguna otra prueba pericial indubitada, salvo el video ya mencionado, que demuestre que Lleonard Santana es el responsable, sin lugar a dudas, de la rotura del cristal de la tienda. Tampoco han mostrado el dictamen pericial que acredite el valor dinerario del daño ocasionado, explica el abogado.
Lo triste es que el de Lleonard Santana no es un caso único ni excepcional.
La semana pasada trascendió que otra cubana con problemas mentales, Orquídea León Prieto, fue sancionada a ocho meses de privación de libertad, tras participar pacíficamente en las protestas del municipio San Miguel del Padrón, en La Habana.
Prieto fue acusada de desorden público por ser parte de las manifestaciones del 11J y sometida a un juicio sumario sin abogado defensor. Antes de eso, durante la detención, recibió golpes.
"Después de golpearla (la policía), la tiraron de cabeza en un camión y la tuvieron desaparecida hasta que después de varios días buscándola, una amiga mía se la encontró en Villa Marista", dijo a CiberCuba su hermana, Yulin León Prieto.
Otro caso triste es el de Edelmer Góngora Morales, un joven vendedor holguinero con discapacidad, que también estuvo en la calle el 11J y a quien el gobierno cubano ha negado dos veces la posibilidad de libertad bajo fianza.
A Góngora, de 37 años, lo fueron a buscar el día 15 de julio a su casa y lleva más de un mes sin poder recibir la visita de familiares, acusado de los delitos de “desobediencia”, “atentado” y “propagación de epidemia”. Padece una enfermedad conocida como exostosis múltiple, que provoca un crecimiento inusual en los huesos y la aparición de tumores, lo cual le impide caminar bien y mover completamente sus manos.
"Ha sido operado 3 veces, camina con dificultad y tiene dolores frecuentes. Le han dictado prisión provisional y es acusado de desobediencia, atentado, y propagación de epidemia. Atentado, ¿a una persona con semejante discapacidad, que no puede lanzar ni una piedra aunque quiera, por la deformación en sus manos?", denunció hace poco la periodista Ivette Leyva Martínez.
Para el gobierno cubano, los participantes en las protestas masivas del 11J no merecen siquiera la disculpa del retraso mental o la no plenitud de facultades mentales o físicas. Se trata del mismo régimen que encierra a disidentes sanos en salas psiquiátricas, pero que a los enfermos mentales diagnosticados prefiere castigarlos como sanos.
Lo he dicho antes, pero vale la pena repetirlo: el papel del disidente en una sociedad como la cubana no es tan diferente de aquella “esquizofrenia indolente" definida por los psiquiatras estalinistas. Como si protestar contra ese régimen fuera ya un tipo de demencia superior: la incurable locura de la libertad.
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