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La justicia española decidió extraditar al exjefe de Inteligencia de Venezuela Hugo "El Pollo" Carvajal hacia Estados Unidos, donde debe ser juzgado por cargos de narcotráfico internacional.
El Tribunal Supremo de España anunció que haría efectiva la entrega a Estados Unidos del antiguo jefe de espionaje venezolano, quien se encuentra en prisión.
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El Pollo fue detenido en Madrid el pasado 11 de septiembre después de casi dos años huyendo de la justicia, y este miércoles el gobierno del socialista Pedro Sánchez le acaba de denegar su solicitud de asilo político.
Su abogado Nielson Vilela dijo a la agencia Reuters que probablemente la extradición no sería inmediata porque Carvajal es testigo en otras investigaciones en el país europeo.
"Todavía tenemos que decidir qué vamos a hacer ahora, qué procedimientos vamos a seguir", precisó el letrado.
Los tres magistrados a cargo del caso emitieron una resolución en la que ordenan que el antiguo militar quede a disposición de la Unidad de Cooperación Policial Internacional, que "debe materializar la entrega" a Estados Unidos.
Las autoridades norteamericanas lo acusan a él y a Nicolás Maduro de dirigir un cártel de cocaína, y creen que Carvajal podría dar información sobre esas presuntas actividades de narcotráfico del gobernante y sus asociados.
Ya en prisión, El Pollo, un cercano colaborador del fallecido líder Hugo Chávez, reveló en un documento dirigido a un juez de la Audiencia Nacional de España que el gobierno cubano financiaba el partido de ultraizquierda español Podemos, fundado por Pablo Iglesias.
En la declaración, Carvajal, quien fue un hombre de confianza del expresidente Hugo Chávez, explicó las vías utilizadas para que los fondos provenientes de La Habana llegaran a la sede de la formación política española en Madrid.
Carvajal llevaba llevaba huyendo desde que en 2019 un tribunal español concediera por primera vez el permiso para su extradición. Había huido a España ese mismo año después de enemistarse con Nicolás Maduro.
De ser hallado culpable de los delitos de conspiración narcoterrorista y de conspiración de importación de cocaína en Estados Unidos, podría ser sancionado a una posible sentencia mínima obligatoria de 20 años y otra mínima de 10 años, respectivamente, según Audrey Strauss, fiscal del distrito sur de Nueva York.
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