El jurista cubano Frank Ajete catalogó como inconstitucionales las amenazas de la Fiscalía contra los miembros del grupo Archipiélago, y criticó el rol que asume esa institución al defender de forma lamentable los intereses del gobierno cubano.
“La rueda de prensa que se diera hoy, a raíz de la citación que se le hiciera a Yunior García para apercibirlo sobre las consecuencias jurídico-penales de su insistencia o de su empuje en pos de ejercer un derecho constitucional, fue una declaración bastante lamentable, en un momento bastante lamentable”, refirió Ajete este jueves en un video en su canal de YouTube.
Ajete comentó que el 12 de octubre último el mencionado organismo judicial brindó una respuesta plegada en la que negaba a los miembros de Archipiélago un derecho fundamental, reconocido además en la Constitución cubana, aprobada en 2019.
Asimismo se refirió al papel de las intendencias municipales que se negaron a la petición pacífica de manifestarse que tramitaron los integrantes de la plataforma, pues no está dentro de sus funciones realizar interpretaciones a la Carta Magna. Esa facultad puede ser ejercida exclusivamente por la Asamblea Nacional. Ajete remarcó el trasfondo político de estas acciones, que solo benefician al régimen y transgreden de manera directa las libertades de la ciudadanía.
Las declaraciones de Ajete, quien ejerció como fiscal en Cuba, destacaron además que el procedimiento adecuado consistía en realizar una consulta a la Asamblea, aunque señaló que esta instancia nacional también responde a los intereses autoritarios del régimen.
“Yo, por mi parte, apoyo al 100 % el ejercicio de derechos constitucionales, el ejercicio del derecho a la manifestación. Me opongo al bullying gubernamental”, afirmó el jurista al final de su publicación.
Estos acontecimientos se unen a sucesos de días anteriores, en los que varios miembros de la Plataforma Archipiélago fueron expulsados de sus centros laborales.
En diferentes provincias cubanas las autoridades amenazaron con disímiles sanciones e incluso sentencia de cárcel a quienes participen de la Marcha Cívica por el Cambio, convocada para el próximo 15 de noviembre.
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