La Sociedad Interamericana de Prensa condenó este viernes la violencia contra periodistas y medios independientes cubanos y llamó al cese de la "represión en las redes sociales contra aquellos que ejercen su derecho a la crítica y el disenso".
“Los testimonios de la represión cubana son atroces. La dictadura de la isla vivió el semestre más difícil en los últimos 25 años. El gobierno respondió a las masivas protestas pacíficas en forma indiscriminada como no se había visto antes. Varios hombres y mujeres de prensa fueron encarcelados, incomunicados sin asistencia legal, acusados de 'desacato' y por difundir 'propaganda enemiga', y podrían enfrentar penas de hasta 10 años por estos supuestos delitos”, señaló el documento final de la 77 Asamblea General de la organización.
La resolución final criticó el control férreo del acceso a internet, el bloqueo de sitios y cuentas en redes sociales por parte del régimen cubano.
La SIP se refirió de manera particular a la detención de los reporteros Lázaro Yuri Valle, Esteban Rodríguez y del youtuber Yoandi Montiel.
El foro exigió al gobierno de Miguel Díaz-Canel que ponga fin a los procesos judiciales contra las periodistas Mary Karla Ares, de Amanecer Habanero y Camila Acosta, corresponsal del diario español ABC.
Igualmente, el informe del foro criticó la aplicación del Decreto- Ley 35 y el aumento de sucesos violentos contra los profesionales indeendientes a partir del 11 de julio.
La organización manifestó su apoyo a los activistas de la Plataforma Archipiélago, quienes convocaron a la Marcha Cívica por el Cambio para el próximo 15 de noviembre.
El documento también analiza la falta de libertades de prensa y expresión en otros países de la región, como Venezuela y Nicaragua, donde los gobiernos de Nicolás Maduro y Daniel Ortega reprimen a los medios que se oponen a su gestión y a las maneras inconstitucionales en que buscan retener el poder.
En el caso nicaragüense, la SIP demandó la devolución a sus propietarios de las instalaciones del diario La Prensa, que fueron intervenidas y saqueadas por fuerzas policiales. También exigió la excarcelación de Juan Lorenzo Holmann, gerente general del periódico.
El organismo hemisférico acusó al gabinete de Maduro de imponer una hegemonía comunicacional, limitando la circulación de medios y agencias extranjeras como EFE y atacando la sede del rotativo El Nacional, de fuertes críticas al régimen venezolano.
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