La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó este jueves la audiencia número cuatro de su 181 período de sesiones sobre la situación de los derechos humanos en el contexto de la protesta en Cuba, en respuesta a una solicitud de una serie de organizaciones de la sociedad civil, y sin presencia de representantes del Estado cubano.
De acuerdo con Julissa Mantilla, primera vicepresidenta de la CIDH, el propósito principal era identificar patrones de violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas realizadas el 11 de julio, para lo cual se contó con la participación de miembros, líderes y coordinadores del Movimiento San Isidro (MSI), Cubalex, Cuba Decide, la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, el Comité Ciudadanos por la Integración Racial, La Hora de Cuba International, Instituto Patmos, entre otras organizaciones.
En la primera media hora la sociedad civil cubana compartió sus testimonios y denuncias relacionados con las manifestaciones y las represalias posteriores a las mismas.
Katherine Mojena, activista de UNPACU, explicó que uno de los patrones que más han preocupado ha sido el comportamiento hostil e intimidatorio de los cuerpos de seguridad hacia personas que no son parte de ningún grupo político independiente u opositor al Gobierno pero que han decidido ejercer el derecho a la protesta.
"Hoy más que nunca urge una acción mundial de solidaridad con el pueblo cubano", afirmó.
Además Mojena solicitó a la comisión que exigiera la liberación de todos los presos políticos documentados, el fin de la violencia y el terrorismo de Estado contra los ciudadanos cubanos y que insistiera en exponer la situación cubana ante el consejo permanente de la Organización de Estados Americanos.
A su juicio, “los representantes del Estado cubano carecen de legitimidad de origen y de práctica y no están preparados para ser justos ni mucho menos para defender la dignidad humana”.
En la sesión, que se realizó por videoconferencia, familiares de manifestantes presos denunciaron violaciones del debido proceso en los distintos casos y tratos crueles, inhumanos y degradantes en prisión contra sus seres queridos.
La jurista Laritza Diversent, directora de Cubalex, informó que, en conjunto con activistas delgrupo Justicia 11J, su organización ha registrado unas 1130 personas detenidas desde el 11 de julio, de las cuales unas 570 continúan encarceladas. “Varias personas excarceladas denunciaron actos de tortura y malos tratos entre los que se pueden mencionar golpizas, ofensas verbales, amenazas de abuso sexual y uso de canes para amedrantar. Fueron obligados a desnudarse y gritar consignas a favor de la ‘revolución’ como ‘Viva Fidel’ y ‘Viva Díaz-Canel’”, confirmó.
Por otra parte, las precarias condiciones de los centros penitenciarios agudizan la situación de la población privada de libertad. Diversent señaló que al menos 33 personas se contagiaron con coronavirus durante su estancia en prisión debido a condiciones higiénicas deplorables y al hacinamiento en las celdas. Además, expresó su preocupación por las personas recluidas con enfermedades crónicas, incluido el VIH, que han denunciado negación de acceso a medicamentos, y por otras que requieren tratamiento psiquiátrico con regularidad.
El tema de las desapariciones forzadas también emergió en su ponencia. De acuerdo con los datos compilados por Cubalex, las autoridades negaron información sobre los lugares en los que se encontraban detenidas al menos 40 personas. "Tuvimos acceso a 12 respuestas de tribunales en las que nunca se pronunciaron sobre esta grave violación. Una práctica sistemática dentro de Cuba que debe monitorearse para evitar su expansión y agravamiento", resaltó la jurista.
Diversent agregó que resulta preocupante también la situación de determinados grupos sociales en situación de vulnerabilidad por la falta de acceso a información sobre la situación de los detenidos y el temor de los familiare a denunciar. "Si bien algunos de estos grupos no son de los más representativos, la represión contra ellos ha sido desproporcionada, para provocar efecto ejemplarizante en su comunidad".
"Alertamos que la pertenencia a grupos de la sociedad civil percibidos como críticos al Gobierno ha sido determinantes para la imputación de cargos que conllevan severas sanciones", dijo Laritza Diversent.
Asimismo, llamó la atención sobre los efectos que pudiera tener la represión en la juventud y la adolescencia, pues al menos 326 personas de las que han contabilizado tienen entre 14 y 30 años. De ellas, 159 todavía permanecen privadas de libertad, dos son menores de 16 años, en centros correccionales, y ocho mayores de 16 y menores de 18.
"En estos casos el Estado ha incumplido su obligación de aplicar los estándares sobre justicia en menores".
La tercera edad ha sido otra de las poblaciones que ha debido enfrentar abusos de poder. Unas 13 personas de entre 60 y 75 años fueron detenidas y seis continúan encarceladas, entre quienes está el opositor matancero Félix Navarro, de 68 años, quien es líder del Movimiento por la Democracia Pedro Luis Boitel y enfrenta una petición fiscal de 15 años de privación de libertad por los supuestos delitos de desorden público, atentado y desacato.
En cuanto a las mujeres, unas 185 sufrieron detención y 61 continúan presas. Laritza Diversent puso enfásis en la situación de las madres solteras, pues en esos casos no se ha tenido en cuenta su contexto familiar.
Los periodistas independientes fueron otras de las víctimas de las protestas de julio. Se registraron agresiones contra 18, de los cuales 13 eran hombres y cinco mujeres, y trabajaban para ocho medios de comunicación independientes de distintas provincias.
En la audiencia participaron también, como parte de la sociedad civil cubana, Saylí Navarro, activista de la organización Damas de Blanco e hija de Félix Navarro; Michel Matos, miembro del MSI; Marthadela Tamayo y Juan Antonio Madrazo Luna, activistas del Comité por la Integración Racial; y la activista Rosa María Payá, coordinadora general de Cuba Decide.
Se esperaba la asistencia de Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba pero estaba bajo cerco policial en su vivienda y su conexión a internet fue cortada.
En representación de la CIDH, además de Julissa Mantilla, estuvieron Flávia Piovesa, segunda vicepresidenta de la CIDH; Joel Hernández, relator sobre defensoras y defensores de derechos humanos y operadores de justicia; Stuardo Ralón, relator sobre los derechos de las personas privadas de libertad y Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión.
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