Al menos 16 jóvenes de la provincia de Villa Clara podrían enfrentar penas de hasta 8 años de cárcel por gritar "Díaz-Canel singao" en las manifestaciones antigubernamentales del pasado 11 de julio.
Un reporte de Radio Televisión Martí ha hecho un recuento de 16 jóvenes manifestantes a los que la Fiscalía Municipal de Santa Clara pide entre 5 y 8 años por el delito de "desacato", dentro del cual se juzga a quienes hayan gritado la consigna más popular contra el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel.
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Ellos son Jorge Gabriel Arruebarruena León, Yunior Sebey Mena, Andy Dunier García Lorenzo, Randy Arteaga Rivera, Mercy Daniela Pitchs Martínez, Liván Hernández Sosa, Maykel Fleites Rivalta, José Miguel Gómez Mondeja, John Luis Machado Marrero, Pedro Manuel Nicodemos Cabrera, Amanda Dalai Matamoros Cabrera, Brian Amed Ceballo OReilly, Leonel Tristá García, Ariel Núñez Martínez, Armando Guerra Pérez y Lázaro Alejandro Rodríguez Ruiz.
El medio relata que en el caso de Arruebarruena León, la Fiscalía intenta juzgarlo por "desórdenes públicos" y dos delitos de "desacato" cometidos en las protestas del llamado 11J.
Su madre, Madel León Jiménez, dijo que su hijo fue detenido el 11 de julio y que solo iba "manifestándose y gritando lo que la gente, el pueblo, iba gritando. Nada de carteles, ni piedras tiradas, manifestándose como iba todo el mundo en una marcha sin alteraciones y con su nasobuco puesto", subrayó.
Su testimonio coincide con el de la familia de Andy Dunier García Lorenzo y Randy Arteaga, a quienes piden siete años por los mismos delitos a pesar de que hay imágenes de las protestas en Santa Clara donde se ve a los jóvenes manifestarse pacíficamente, solo caminando y alzando su voz, y sin objetos en las manos.
Sin embargo, las conclusiones provisionales del órgano acusatorio, consultadas por Radio Televisión Martí, señalan que "Arruebarruena, de 23 años, y el resto de los consignados en el Expediente en Fase Preparatoria 689 de 2021 se aprovecharon de la situación que enfrenta el país debido al bloqueo impuesto por Estados Unidos para arengar a otras personas a que los siguieran, al tiempo que vociferaban Díaz Canel Singado [sic]".
Hasta el momento, los acusados desconocen la fecha del juicio.
Como ellos, decenas de jóvenes cubanos están siendo juzgados en el país por gritar la mencionada consigna y otras figuras incluidas en el código penal cubano para controlar a la población del país.
Al activista cubano por los derechos humanos Yordis García Fournier, quien fue detenido durante las protestas del 11 de julio en Guantánamo, le piden cinco años de cárcel por "ofender" al gobernante Miguel Díaz-Canel.
García Fournier, quien desde ese día se encuentra preso en el Combinado de la citada provincia oriental, está acusado por la fiscalía municipal de los delitos de "desorden público" y "desacato".
El origen de la frase "Díaz-Canel singao", expresión que recorre el mundo en rechazo al mandatario cubano tras las protestas del 11J, está en la canción de rap de Al2 El Aldeano y Silvito El Libre: Diazka.
En su letra los raperos arremeten con fuerza contra Miguel Díaz-Canel señalando aspectos de su gestión de gobierno como la represión, el aumento de la pobreza, la censura artística, la corrupción y el favoritismo hacia la cúpula gobernante y sus familias privilegiadas.
El estribillo de la canción se ha hecho popular entre los detractores del régimen cubano y los defensores de los derechos de la población del país, y ha sido pronunciada, incluso, por la exactriz de cine para adultos Mia Khalifa.
El régimen cubano también considera como un delito de "instigación a delinquir" que la población diga la consigna "Patria y Vida", extraída de una canción popular.
Entre los casos está el de las gemelas Lisdany y Lidianis Rodríguez Isaac, de 22 años, a quienes la Fiscalía Municipal de Placetas, en Villa Clara, pidió 10 años de privación de libertad. Están siendo inculpadas por los presuntos delitos de desorden público, desacato y atentado.
No existen cifras oficiales sobre la cantidad de detenidos en las protestas del 11J, pero datos de organizaciones independientes estiman que la cantidad supera los 1,200 arrestos, de los cuales un número significativo podría enfrentar penas elevadas.
Según un listado elaborado por el Centro de Asesoramiento Legal CUBALEX, al menos 396 personas tendrían sus casos en proceso de investigación, y 202 en fase de juicio oral.
Sin embargo, el último grupo mencionado incluye 198 personas a las cuales la Fiscalía habría solicitado penas privativas de libertad de entre 5 y 25 años.
Al respecto el Observatorio Cubano de Derechos Humanos criticó que las peticiones fiscales a los manifestantes del 11J se igualan al delito de homicidio, según se contempla en el Código Civil vigente.
De acuerdo con la emisora consultada para esta nota, la pena más alta solicitada para uno de los manifestantes es de 30 años de cárcel para el holguinero Yosvany García Cazo.
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