Yanilys Sariego Acosta fue detenida el 12 de noviembre tras acudir a la fiscalía de Cárdenas en busca de amparo legal y estuvo más de 24 horas en paradero desconocido. En cuestión de un año ha pasado de dependienta a opositora, por denunciar la corrupción en el establecimiento comercial donde trabajaba y abusos de poder. En estos momentos se encuentra en su casa de Cárdenas, Matanzas, en un limbo jurídico y acosada por la Seguridad del Estado.
En un video compartido por la activista en su perfil de Facebook, denunció el hostigamiento del que ha sido víctima cuando un oficial de la Policía llegó a su puerta con la intención de detenerla, como se escucha decir a otro uniformado en la grabación que tuvo lugar minutos antes de su arresto.
“En la mañana del día de antier [10 de noviembre] se presentó un supuesto agente de la Seguridad [del estado] que no se identificó, sin una orden, sin una citación formal que cumpla las reglas establecidas en la ley, trató de alzarme por el brazo para que lo acompañara. Eso es un intento de secuestro en mi domicilio”, dijo la activista al oficial.
“Hoy otra vez los tengo a ustedes aquí y fiscalía no ha respondido. Hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pase y no voy a tolerar ningún acto de hostigamiento”, agregó, a lo que el policía replicó que el motivo de la citación era “darle la respuesta que usted quiere”, en referencia a la queja que interpuso la joven el día anterior en la Fiscalía Municipal.
“¿Por qué me está entregando la policía nacional revolucionaria una citación para darme una respuesta de Fiscalía?”, cuestionó la joven al oficial en el video.
Horas antes, el 11 de noviembre, Sariego Acosta se había dirigido a Fiscalía Municipal de Cárdenas para presentar una queja y solicitar amparo legal que la protegiera del hostigamiento por parte de las fuerzas represivas.
Una transmisión en vivo desde sus redes sociales mostró la indiferencia de los funcionarios del órgano de justicia que se encarga de procesar denuncias de los ciudadanos y de velar por el cumplimiento de las leyes en la isla.
“Yo creo que a los cubanos no les ha quedado muchas opciones, pues el gobierno nos caza como terroristas”, dijo la activista a CiberCuba en referencia a la indefensión del pueblo de Cuba en materia jurídica.
Horas después del fiasco con Fiscalía, una veintena de policías y agentes de la Seguridad del Estado (SE) rodeaban la casa de una joven de 1.55 m de estatura que recurre al civismo para pronunciarse, nunca ha delinquido y a la que no se le adjudica causa legal alguna.
“Yo estaba evidentemente consternada. No calculaba que fuera posible semejante persecución por sólo exigir se cumplan las leyes de este país”, señaló la activista acerca de la visita de los agentes a su casa, supuestamente para conducirla a la estación policial y darle respuesta a la queja que había formulado en Fiscalía el día anterior. “No puede ser que el poder coercitivo del Estado sea desmedido e irracional y fuera de las leyes”, expresó a este medio.
Pasadas las 3:00 de la tarde del día 12, Sariego Acosta fue detenida y estuvo siete días tras las rejas; de ellos, más de 24 horas en desaparición forzada. Sobre su arresto, la propia defensora de los derechos humanos contó en sus redes que “empujada dentro de la patrulla 422 el oficial con placa 14396 expresó: 'Blanquita, te picamos en cuadritos, te desaparecemos y nadie se entera'”.
Tras una intensa campaña, la activista natural de Camagüey y con residencia en Matanzas, fue liberada con una medida cautelar de prisión domiciliaria. Desconoce si continúa vigilada, aunque no es de descartar.
Sariego Acosta fue una de las cerca de 80 personas detenidas en Cuba en noviembre, en el marco de la marcha cívica por el cambio del 15N. De acuerdo a la ONG Cubalex, se produjeron arrestos arbitrarios desde el día 3 y hasta 18. En este contexto, la persecución de la Seguridad del Estado contra la activista se intensificó.
No obstante, ya la SE la había violentado. El 24 de julio, 13 días después de haber sido testigo de las multitudinarias protestas del 11J, Sariego Acosta fue víctima de maltrato por parte de un agente de la SE que, sin identificarse ni portar orden de arresto, se llevó detenido a la entonces pareja de la activista, el periodista Waldo Fernández Cuenca.
"Aquí se están llevando a las personas sin una orden del fiscal ni un juez. Lo vienen a detener personas de la Seguridad del Estado, que no le dan una explicación a los ciudadanos de este país. Se lo llevan arbitrariamente y eso es ilegal", denunció entonces la joven cubana justo antes de que el agente sin nombre intentara, de un manotazo, arrebatarle el teléfono con el que filmaba.
Preguntada sobre si el acoso de la SE en su contra pudiera estar relacionado con aquel incidente, Sariego respondió que “la situación que se dio con Waldo ellos fueron quienes reaccionaron mal, yo sólo exigía se cumpliera la ley”.
Por respetar la legalidad, es la joven quien ahora forma parte de los objetivos de vigilancia y coacción de las fuerzas represivas. En realidad, todo comenzó en 2020, cuando acusó de violaciones a los derechos del trabajador y de corrupción a directivos de la Empresa Caracol en Varadero, donde trabajaba como dependiente comercial.
“Allí todo era irregular con los inventarios y los negocios que hacían los jefes”, dijo Sariego Acosta a CiberCuba. Ella reclamó y le costó el despido de su puesto laboral: “La Dirección de la Empresa Caracol me expulsó diciendo que esas eran las condiciones de trabajo”, reveló la activista y agregó que “falsificaron una nómina bancaria para expulsarme”.
De acuerdo con una respuesta de la Organización Superior de Dirección Empresarial (OSDE), que declara "a lugar" los reclamos de “la quejosa”, a los que CiberCuba tuvo acceso, se reconoce que a la joven le cerraron su contrato permanente “sin que mediara documento escrito ninguno”, la declararon en interrupción laboral sin ser notificada y admite que se detectaron irregularidades en el establecimiento, dejando el asunto en manos de la policía.
“De hecho, existe una investigación en curso a la que nunca respondió la Policía Económica de Varadero”, precisó.
Sin embargo, no hubo resarcimiento alguno para esta joven madre. “Reclamé hasta en la Fiscalía General de la República de Cuba y hasta la fecha no me devuelven mi puesto de trabajo”, denunció.
¿Qué le depara a una joven que cuestiona la corrupción y la represión policial en Cuba? Con una investigación pendiente por ser considerada un peligro para la sociedad por alzar su voz, y con el estigma que persigue a todo el que denuncia el abuso de poder en Cuba, las opciones son reducidas.
“Contratar a un abogado que me cuesta 4,200 pesos, así que, de ganar, de todas formas, salgo con una multa. El estado nunca pierde, el castigo por disentir te lo cobran de alguna manera”, afirmó la activista.
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