Yosvany Rosell García Caso, detenido violentamente tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio y acusado de sedición, denunció amenazas en su contra en una carta desde prisión y aseguró que no se arrepiente de luchar por sus derechos.
En la misiva, compartida por su esposa Mailín Sánchez a petición de García Caso luego de una visita familiar en la Prisión Provisional de Holguín, el joven de 33 años se reconoce como “preso político con una petición de 30 años de privación de libertad por ejercer mi derecho a manifestarme el 11 de julio” y denuncia el acoso del que ha sido víctima.
“Estando en Instrucción Penal no solo recibí amenazas de muerte por parte del capitán Osvaldo Pérez, instructor de la Seguridad del Estado, también se me negó asistencia médica”, se lee en el manuscrito.
García Caso padece, desde los 23 años, una cardiopatía que no le ha impedido trabajar como soldador para mantener a su numerosa familia conformada por su esposa y tres niños pequeños. Inicialmente, pretendieron imputarle los delitos de atentado, desorden público, propagación de epidemias e incitación a delinquir, según la plataforma Justicia11J. A pesar de la gravedad de su caso, asegura que no ha tenido acceso a asistencia letrada.
“Me negaron el derecho a ver a mi abogado al que aún hoy casi después de 5 meses ni yo ni los que estamos presos aquí en la Prisión Provisional de Holguín los hemos podido conocer”, dijo y agregó que la falta de representación legal evidencia “la complicidad con la dictadura” por parte de los órganos de justicia.
No solo el joven ha sido objeto de amenazas, sino también su esposa, de acuerdo a su testimonio: “He tenido que soportar que el mayor Sergio de la Seguridad del Estado en visita con mi mujer, la interrogara, presionara, amenazara para que ella no siga pidiendo mi liberación ni exponga todas las violaciones a mis derechos”.
Sin embargo, el padre de familia aclaró que a pesar del hostigamiento hacia él y sus seres queridos, no se arrepiente de luchar por sus derechos y aseguró que se mantiene firme en sus convicciones.
“¿Cómo arrepentirme de aportar mi grano de arena para ayudar a que en Cuba no haya más presos políticos, que pensar diferente sea un derecho y no un delito, que emigrar no sea la única alternativa para que los cubanos podamos vivir en democracia?”, dijo.
Por último, aseguró que no abandonaría sus convicciones. “Yo soy Patria y Vida; eso no hay tortura física ni psicológica que lo pueda cambiar”, sentenció.
García Caso es uno de los 122 detenidos del 11J que enfrentan largas condenas por sedición, un delito en contra de la Seguridad del Estado al que las autoridades han recurrido para intimidar al pueblo cubano tras las históricas protestas antigubernamentales. Según el listado de Cubalex en coordinación con activistas cubanos, más de 600 manifestantes permanecen en prisión.
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