El juicio a los manifestantes del 11J en Holguín comenzó este martes en la mañana en el Tribunal Provincial Popular, en la ciudad oriental, custodiado por más de 100 efectivos de la Policía y la Seguridad del Estado, precisaron diversas fuentes a CiberCuba.
Una foto tomada desde el Parque Infantil muestra barreras metálicas a ambos lados del órgano de justicia (por las calles Maceo y Mártires) y oficiales del Ministerio del Interior impidiendo el paso al edificio, donde se decidirá la suerte de 21 holguineros con peticiones fiscales de entre 15 y 30 años de privación de libertad.
“Lo que está lleno es el parque y los policías se vistieron de civil para estar entre el pueblo”, dijo uno de los familiares apostados en las inmediaciones e impedidos de presenciar el juicio. Solo puede entrar uno por acusado.
“Esto está lleno de metas”, dijo otro en referencia a la presencia policial y agregó que “hay aproximadamente más de 150”. Lo anterior fue confirmado por otras fuentes de la ciudad, quienes no solo aseguran que “está todo lleno de policías” o que “hay más policías que gente” sino que “no dejan acercarse a nadie”.
Al igual que para el juicio en la Audiencia de Santa Clara, a los presos del 11J de Holguín los trasladaron en horario de la madrugada hacia el Tribunal para que no pudieran ser vistos por familiares ni transeúntes. La diferencia con aquel es que a los holguineros sí les permitieron ocupar los bancos del parque.
El juicio comenzó pasadas las 9 a.m., debido, según los presentes, al retraso de uno de los acusados asegurado con medida cautelar, es decir, de los que no se encuentran en prisión provisional.
Esta mañana fue detenida la enfermera y activista Welsy Cruz cuando se dirigía al Tribunal para dar acompañamiento y apoyo a los familiares de los encausados, en lo que constituye el primer arresto arbitrario en relación con los juicios del 11J en Holguín.
CiberCuba, que se encontraba al habla con Welsy en el momento que fue interceptada, pudo escuchar cuando un interlocutor le decía en tono descompuesto que estaba prohibida la presencia a personas sin vínculos filiales con los acusados en las inmediaciones de órgano de justicia.
De acuerdo con declaraciones a las que CiberCuba ha tenido acceso, los parientes impedidos de presenciar el juicio están rodeados de personas vestidas de civil sentadas en bancos próximos; su cercanía les permite escuchar las conversaciones de quienes esperan por noticias de sus seres queridos.
Este medio ha conocido, además, que en las últimas horas algunas de estas familias fueron amenazadas y coaccionadas por oficiales de la Seguridad del Estado, y otras recibieron la promesa de que se hará justicia. No ha faltado la extorsión de los agentes que exigen silencio a cambio de que “no se les complique la situación” a los acusados.
Lo anterior explica que el juicio en Holguín haya transcurrido sin trascendencia en redes sociales y que CiberCuba se reserve el derecho de guardar la privacidad de las fuentes consultadas. “Los polis están revueltos”, dijo otro holguinero. Tampoco la prensa estatal ni las instituciones del gobierno han mencionado que por estos días tienen lugar los juicios a los manifestantes del 11J.
“Militarizada toda la zona al rededor del Tribunal Provincial de Holguín. Cerco de seguridad, agentes de la seguridad vestidos de civil por toda la zona. Jaulas, boinas negras. Todo bien escondido a un costado del Tribunal. Se hace casi imposible acercarse y tomar fotos sin llamar la atención y ser detenido”, dijo un lector de CiberCuba a esta redacción.
“Hoy se comete injusticia por la dictadura en Cuba en contra de los jóvenes que piden libertad. No se respetan los derechos Humanos, no hay libertad de expresión. Temen y saben que no hay vuelta atrás. Tratan de intimidar al pueblo”, sentenció.
Este martes corresponde a los acusados exponer sus testimonios, y algunos ya tuvieron la posibilidad de desmentir las acusaciones en el expediente en fase preparatoria (EFP No. 11/2021) donde se les acusa de sedición, un delito contra la seguridad del Estado por el que puede imputárseles hasta la pena de muerte.
Entre los acusados hay cuatro menores, de 17 años, para los que el fiscal Fernando Sera Planas pide entre 15 y 18 años de prisión, y siete más que no exceden los 21 años, con peticiones de hasta 22 de cárcel.
A otros 10 de los acusados el mismo fiscal holguinero les pide entre 23 y 30 años de privación de libertad. Entre estos últimos se encuentran Miguel Enrique Girón Velázquez (25), y Yosvani Rosell García Caso (30).
Otro de los llevados a juicio en estos días es Marco Antonio Pintueles Marrero quien, hasta julio, estudiaba en la Escuela de Economía adyacente al Tribunal. Ahora es un preso político de 18 años, al que fiscalía pide la misma cantidad de años que tiene por ejercer su derecho a la manifestación.
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