La activista Roxana García Lorenzo denunció este miércoles en redes sociales el ocultamiento de videos, en manos de las autoridades cubanas, que demuestran el carácter pacífico de la manifestación del 11 de julio en Santa Clara y la postura de su hermano, Andy García Lorenzo, en contra de la violencia.
En una transmisión en vivo realizada por la emprendedora y activista Saily González, quien ha estado acompañando a los familiares de los presos políticos de la ciudad durante las jornadas de los juicios esta semana, García Lorenzo relató que el 13 de octubre de 2021, durante una detención que sufrió junto a su pareja, Jonatan López, agentes de la Seguridad del Estado les mostraron imágenes que evidencian la inocencia de su hermano.
"Ese día nos amenazaron y nos dijeron que no teníamos que denunciar más lo que estaba sucediendo con el caso de mi hermano, y mi respuesta fue: 'si ustedes me enseñan una prueba a mí de que mi hermano estaba tirando una piedra, yo me callo la boca y yo no denuncio más nada'".
No obstante, asegura que ahí les enseñaron unos videos que mostraban que ella tenía razón. "Unos videos donde no había amenazas por ningún lado, donde no había toda la mentira que están diciendo ellos".
"Mi hermano salió en más de tres ocasiones dando la cara por la misma policía de mierda esta, la misma policía que lo reprimió, que lo golpeó, que lo maltrató, que lo torturó psicológicamente los días que estuvo preso, y así mismo, en esos mismos videos mi hermano sale defendiendo y gritándole a todo el mundo: 'aquí no toquen a los policías que eso es desacato, que nos embarcamos, la manifestación es pacífica'", agregó.
Luego de ver esas imágenes, la joven pidió a quienes le mantenían detenida que se las pasaran, que le dejaran copiarlas, pero la respuesta fue que "esos videos no podían salir de ahí, que solamente el abogado tenía acceso a ellos". Ahora, tres meses después, Roxana García sostiene que el abogado no ha tenido acceso a los materiales.
"Si en algún momento determinado me llaman a ser testigo de este caso, yo obviamente tengo la obligación de decir la verdad, de decir que mi hermano se ha comportado como todo un hombre, sin faltas de respeto, todo lo contrario. Apoyó que no hubiera violencia en la manifestación. Y aquí se está mintiendo. En estos juicios se están diciendo mentiras", afirmó indignada.
Andy García Lorenzo, privado de libertad desde el mismo 11 de julio, enfrenta esta semana un proceso judicial junto con otros 15 participantes del estallido social en la provincia de Villa Clara. Las sesiones iniciaron el lunes, 10 de enero, y concluirán este viernes. A él en específico se le acusa de los presuntos delitos de desorden público, desacato a la autoridad y atentado y la fiscalía le pide siete años de privación de libertad.
"Están diciendo que Andy todo el tiempo estuvo agrediendo a la policía, ofendiendo a la policía, incitando a la violencia, que él era líder de la manifestación. Incluso, ser líder de una manifestación no es un delito, pero ellos sí lo toman como un delito", advierte su hermana.
Casi 300 personas han sido juzgadas hasta ahora por participar de alguna forma en las manifestaciones de julio de 2021, según los registros del grupo de trabajo Justicia 11J. Al menos 223 ciudadanos han sido procesados en juicios ordinarios, mientras que 71 han sido procesados en juicios sumarios.
A lo largo de esta semana, otras 66 personas están siendo juzgadas en cuatro provincias del país: La Habana, Mayabeque, Holguín y Villa Clara. En Holguín, los 21 acusados enfrentan el delito de sedición, por el cual el fiscal Fernando Sera pide hasta 30 años de cárcel, y cuatro de ellos son menores de edad.
Las denuncias de irregularidades y violaciones del debido proceso no han cesado en los últimos meses. En el caso de Santa Clara, los familiares de García han denunciado acoso y persecución por parte de agentes de la Seguridad del Estado, interrupciones de los servicios de internet, cerco policial en La Audiencia, donde se realiza el juicio colectivo, y esfuerzos por ocultar evidencias por parte de la fiscalía.
Además, cada día solo permiten entrar a un solo familiar por cada manifestante. "Las familias estamos atrás, ni siquiera tenemos acceso a oír lo que está diciendo ni la jueza ni nada de eso. La fiscalía está presentando testigos que trabajan para ellos mismos, y después de eso, cuando los abogados hacen sus preguntas, se están limpiando las nalgas con todo eso. Aquí se están haciendo juicios dañados, es una payasada todo lo que se está haciendo aquí", enfatizó Roxana García.
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