Samuel Torres Durán, uno de los cinco adolescentes juzgados esta semana en Holguín por participar en las protestas contra el gobierno en julio de 2021, es huérfano de madre y padre. Cumplió los 17 años en septiembre del año pasado y había sido acusado de sedición, un delito contra la seguridad del Estado, por el cual el fiscal Fernando Sera consideró pedirle, en un primer momento, 18 años de privación de libertad.
CiberCuba confirmó su situación familiar con tres fuentes distintas que, por temor a represalias de las autoridades, han decidido mantenerse en condición de anonimato. Dos de ellas asistieron a los juicios realizados entre el 10 y 14 de enero y escucharon su historia directamente. La otra reside en su mismo barrio y estaba al tanto de sus pérdidas.
De acuerdo con una de las personas que estuvieron en el proceso judicial, Torres Durán declaró que él estaba estudiando y, "con el favor de Dios", pensaba ya graduarse para empezar a trabajar, porque es él quien se encarga de mantener a su hermana de 14 años. Allí lo habría representado un tío, hermano de su madre.
Torres Durán, a diferencia de otros menores de edad que protestaron en julio, no se encontraba encarcelado sino con una medida cautelar de "obligación contraída en acta", que implicaba que se reportara con frecuencia ante la policía.
El Expediente de Fase Preparatoria No. 11 de 2021 de la Unidad de Delitos contra la seguridad del Estado de Holguín, donde aparece referido su caso, junto con los de otros 20 acusados de sedición, señala que Torres Durán es un ciudadano que "no realiza ninguna labor socialmente útil, se reúne con personas de mala conducta social, y no le constan antecedentes penales".
Según este documento, al cual ha tenido acceso el grupo de trabajo Justicia 11J, los holguineros se manifestaron el 11 de julio "alentados por las campañas que, desde los Estados Unidos de América, se hacían para desestabilizar el proceso revolucionario y procurar la ruptura del orden y la tranquilidad ciudadana".
Sin embargo, al final del juicio de esta semana, personas que estuvieron presentes en las distintas jornadas aseguraron a CiberCuba que la Fiscalía en Holguín revocó los cargos de sedición y redujo considerablemente las peticiones a los acusados menores de 19 años. Antes enfrentaban la posibilidad de cumplir entre 15 y 18 años de privación de libertad y ahora la condena sería de siete años de privación de libertad y cinco años de trabajo correccional sin internamiento.
Una fuente en condición de anonimato dijo a CiberCuba que el fiscal argumentó que este cambio respondía a que “la fiscalía recapacitó y decidió darles una segunda oportunidad” a los jóvenes. Algo que también sucedió en los juicios en La Güinera, donde a cuatro manifestantes de 18 años, acusados igualmente de sedición, les redujeron las peticiones fiscales de 15 a 7 años de privación de libertad.
Samuel Torres Durán, hasta ahora, se ubica en el grupo que tendría que cumplir siete años de cárcel, junto con Jorge Luis Martínez García, Marcos Antonio Pintueles Marrero y Yoel Ricardo Sánchez Borjas, de 18 años. A todos les pedían, además, 18 años de prisión. No se sabe aún si les han retirado el cargo de sedición.
Mientras, Ayan Idalberto Jover Cardoza, Ernesto Abelardo Martínez Pérez, Keyla Roxana Mulet Calderón y Yeral Michel Palacios Román, de 17 y 18 años, que enfrentaban una petición de 15 años de cárcel, podrían quedar con la otra medida menos severa. Familiares de implicados en la causa dijeron que en el juicio advirtieron que, en este caso, no se afectaría la vida social y que se podría cumplir “del trabajo a la casa y de la casa al trabajo”.
Hasta ahora, más de 350 personas han sido juzgadas en Cuba en relación con el estallido social del 11 de julio de 2021. La mayoría, en juicios sumarios. Y todavía siguen tras las rejas al menos 14 menores de edad de los más de 40 detenidos; solo los residentes en Holguín han sido juzgados.
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