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El régimen cubano celebró la ceremonia oficial de apertura del año judicial 2022 calificando como “peones” a los manifestantes y actores de la sociedad civil que son juzgados por protestar, denunciar a la dictadura y ejercer sus derechos como ciudadanos.
“Nos ha correspondido juzgar a quienes, actuando como peones en las arremetidas subversivas e intentos de desestabilización de los enemigos de la Revolución, han cometido hechos vandálicos, agresiones violentas contra autoridades y funcionarios, y otros graves delitos”, expresó Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular.
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Presente en el acto, el primer ministro Manuel Marrero Cruz subrayó “la responsabilidad, profesionalidad y el acierto” de los órganos de justicia y manifestó que, gracias a estos atributos, la sociedad confía “en la impartición de justicia” en Cuba.
Despreciando la voluntad y el coraje de cientos de miles de cubanos que a lo largo de 2021 han hecho público su malestar por la falta de derechos y libertades, y la represión del régimen contra los activistas que los promueven, altos funcionarios y miembros del ejecutivo de Miguel Díaz-Canel llamaron “peones de los enemigos de la Revolución” a los pacíficos manifestantes del 27N, el 11J y demás eventos de protesta que han puesto contra las cuerdas al poder totalitario.
Para Marrero, “el sistema de tribunales constituye una fortaleza para la institucionalidad del país, en la concreción del Estado socialista de derecho y justicia social”, según reseñó este lunes el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC).
Haciendo un llamado a estrechar aún más los lazos entre el gobierno e instituciones del sistema judicial, el primer ministro destacó que la filosofía de “unidad de poderes” con la que -según Díaz-Canel- trabaja la llamada revolución, repercute “a favor del bienestar, la tranquilidad y la defensa de nuestro pueblo”.
Por su parte, Remigio Ferro se mostró satisfecho con la cruzada emprendida por los órganos de la justicia contra “aquellos individuos que contravienen e incumplen los protocolos o medidas sanitarias establecidas”, en un año en que la pandemia de coronavirus dejó al descubierto la prevaricación de gobernantes que se desentendieron de la Salud Pública para destinar el grueso del presupuesto del Estado a inversiones en el opaco sector del turismo y bienes raíces en manos de los militares.
“Coleros, especuladores, ladrones y usureros”, fueron puestos en la picota de un poder corrupto que se extiende a los órganos de la justicia, acusados de querer “lucrar y sacar ventajas ilícitas de las limitaciones que padece el pueblo”, las cuales el ejecutivo y los medios oficialistas atribuyen al “bloqueo” y la “pandemia”, y no a la incapacidad de los gobernantes y del modelo comunista para generar riqueza y bienestar.
Con la presencia de Rogelio Polanco Fuentes, jefe del departamento ideológico del PCC; Yamila Peña Ojeda, fiscal general de la República, y Oscar Manuel Silvera, ministro de Justicia, entre otros, el régimen totalitario solemnizó la represión que ejerce sobre los cubanos que desean un cambio, en un acto que formaba parte de las tradiciones republicanas y que el castrismo enterró en 1970 para que la “continuidad” lo desenterrara en 2019, dejando en evidencia el decorado farsesco que lo identifica.
Muestra de ello han sido las varias intervenciones del propio Remigio Ferro y Peña Ojeda en la televisión cubana, en compañía del esbirro de la contrainteligencia, Humberto López, con el propósito de destruir la reputación, manipular y acusar de falsos cargos a los activistas de la sociedad civil cubana.
Con al menos 727 manifestantes del 11J -incluidos 15 niños y 70 mujeres- en las cárceles de Cuba, según datos del grupo de trabajo independiente Justicia 11J, y más de 1,300 personas detenidas por participar en las protestas; con 234 cubanos a la espera de juicio con peticiones fiscales de hasta 30 años de privación de libertad; con más de 140 ciudadanos acusados de sedición; con mujeres, madres, menores de edad, ancianos y enfermos tras las rejas, el régimen cubano tiene la desfachatez de celebrar la apertura del año judicial 2022 ensalzando la unicidad de poderes de una dictadura que tiene en los órganos de justicia un aliado para someter al pueblo y reprimir a los díscolos que exigen libertad al grito de Patria y Vida.
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